El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
La Resolución exhortaba a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros para ayudar a los países a dar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.
Sin embargo, para Armando Flores, representante de Red Internacional Waterlat, el derecho humano al agua no solo falta en la Constitución salvadoreña, sino que persiste la deuda de aprobar una Ley General de Aguas. Desde su punto de vista se percibe déficit normativo a la hora de querer poner en marcha la política nacional.
Según Flores, entre los desafíos está avanzar en los componentes normativos y que “se avance en más inversión pública para el sector de agua potable y saneamiento y se implemente una política nacional que tenga un componente de democratización del acceso al agua y además de participación de la ciudadanía”.
Para Sandra Gutiérrez investigadora de la UCA, con la declaratoria de la ONU, los estados se comprometen a llevar agua a sus poblaciones. Considera que hay un avance en términos de provisión de agua en zonas urbanas, pero no en zonas rurales.
La especialista opina que desde hace mucho tiempo se tuvo que haber aprobado una ley de aguas y tomar en cuenta los otros temas vinculados, como el cambio climático y riesgos.
Para Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), al abordar el tema del agua es importante abordar las dos dimensiones: el acceso al agua y la calidad del agua.
El representante de la UNES percibe pocos avances en el tema, ya que el país lleva 14 años discutiendo una ley de aguas. La primera propuesta fue en 2006 y hubo una actualización de la propuesta en 2011.
