La corrupción es un fenómeno que cala hondo no solo en la institucionalidad – o la carencia de esta en nuestro país -, lo que se refleja claramente en la desconfianza parcial o absoluta que la población detenta por el estado y en razón de las consecuencias que ésta tiene para su desarrollo.
Esto es porque de acuerdo al ICEFI, la corrupción cuesta a El Salvador, en su estudio hecho público en 2017, hasta $550, 900, 000, 00 anuales, es decir el 2,9% del PIB nacional anual, los cuales son recursos no percibidos por el erario público, pero además drenados por funcionarios públicos, incluidos ex presidentes quienes, a través de redes construidas para ese fin, los desvían para enriquecerse con estos fondos públicos.
Ello se traduce en menor inversión de parte del estado en sentidas necesidades de la población, como lo es el sistema de salud, la infraestructura, la seguridad pública, educación, etcétera, a la ves que ésta asume más deuda pública, por recursos que no llegaron a su destino, que no la beneficiaron, que fueron intencionalmente desviados para beneficiar a grupos de poder y sus representantes políticos, mientras la población agudiza sus condiciones de desventaja y pobreza.
Tampoco el estado se esfuerza por sentar precedentes, ejemplos ante la población, procesando a los responsables a la vez que recupera los recursos en cuestión, pero en cambio los privilegios de los señalados son mayores, sus detenciones menores, y siempre se quedan, es lo mas relevante, con los recursos, sin que el estado recupere apenas nada, pero la población si que tiene que pagar los mismos, producto de créditos que el estado hace a entidades crediticias internacionales, como el BM, el FMI, el BID, el BCA, etcétera, y que el estado asume en condiciones draconianas para el estado salvadoreño, es decir, “privatizando los beneficios en su forma mas cruda, y socializando los costes” en beneficio de privados siempre, obligando el cumplimiento de los candados del crédito, y que reduce a la población a pagar los tales, pues es la garante del crédito, mientras quienes robaron valiéndose de sus posiciones políticas, o quienes aprovechan sus influencias en el aparato estatal, quedan impunes.
Por supuesto ello deriva en la desconfianza que arriba citamos de parte de la población [hasta el 54% de la población cree que la corrupción ha aumentado en los últimos dos años, de acuerdo a los resultados de una encuesta que FUNDE realizara sobre el tema, con apenas 2% que en oposición, cree que ha disminuido, de acuerdo a la misma], quienes además consideran que son tres las instituciones más corruptas: la policía nacional civil, los partidos políticos y el sistema judicial, los cuales incumplen sus obligaciones, gozan de varios privilegios, y no dan cuenta salvo en el primer caso, de las faltas que se les imputan.
Entonces, la corrupción es fuente permanente de la disminución de confianza, que no se recuperará a favor del estado, pues sencillamente es éste el que la promueve, el responsable último de la corrupción.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández, educador salvadoreño
