Por: Norma Ramírez (ARPAS)
Agendar la discusión de la propuesta de ley de protección a periodistas, ampliar el debate a otros temas relacionados con el ejercicio periodístico y retomar recomendaciones hechas al país por organismos internacionales, fueron algunas de los planteamientos hechos por APES, Mesa de Protección a Periodistas y PDDH ante la comisión legislativa que investiga acoso a periodistas.
La comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga acoso a periodistas y el uso de recursos públicos en contra de opositores, escuchó hoy a representantes de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Mesa de protección a periodistas y al Procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, para conocer la postura de dichas instituciones sobre el tema.
La presidenta de APES, Angélica Cárcamo, explicó que de enero 2018 a agosto 2020 registran 240 vulneraciones a derechos del gremio. “No podemos en este país, que se dice democrático, tener condiciones tan precarias para las y los periodistas”, expresó Cárcamo.
Desde APES señalaron que algunas de las principales vulneraciones tienen que ver con el bloqueo de acceso a la información, a conferencias de prensa, así como agresiones digitales a mujeres periodistas.
“Nos preocupa el acoso a periodistas, no solo de funcionarios sino al interior de medios. La situación se está convirtiendo en caldo de cultivo para afectaciones más graves”, agregó la presidenta de APES.
Por su parte, la representación de la Mesa de Protección a Periodistas reiteró la situación de restricciones que han enfrentado el gremio, sobre todo, en el contexto de la pandemia de COVID-19.
En el caso de las periodistas, dijo Krissia Girón integrante de la Mesa y de la Colectiva de Mujeres Periodistas, han sido vulneradas sobre todo en redes sociales. Señaló que de enero a agosto de 2020, contabilizan, al menos 80, afectaciones. Expresó que les preocupa la “falta de acción de la Fiscalía y del ISDEMU” en estos casos.
“No es lo mismo una amenaza o difamación que recibe un hombre a la que recibe una mujer, sobre todo en ataques digitales. En el último año ha habido agresiones por parte de funcionarios (sobre todo), pero estas vienen desde todos los poderes del Estado, incluso desde los mismos medios”, agregó la comunicadora.
Por su parte Leonel Herrera, miembro de la Mesa y director ejecutivo de ARPAS, sostuvo que esperan que la Comisión estudie el tema de forma integral. “Cuando se ve únicamente los ataques a periodistas es como ver un acto final, una consecuencia de una problemática más grande. Una perspectiva integral debe verse desde el cumplimiento de derechos específicos de la profesión y la necesidad de generar condiciones adecuadas para hacer el trabajo periodístico”, manifestó.
Tanto APES como la Mesa de Protección a Periodistas reiteraron en que es necesario que la Asamblea Legislativa retome la discusión de la propuesta de ley de protección a personas periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la información, presentada en 2018.
Al respecto, Leonel Herrera señaló que el mencionado proyecto de ley es uno de los temas que se deben considerar para hablar de una verdadera protección al gremio periodístico. Según el comunicador otros aspectos están relacionados a poner en discusión el acceso a la información pública, reformas a la LAIP y la distribución de la pauta publicitaria oficial.
“Muchos medios han sido excluidos de la pauta gubernamental, es necesario establecer una regulación. Debe haber una política incluyente y que no funcione como premio o castigo de si se tiene una postura crítica o una condescendiente con el gobierno”, expresó.
Herberth Serafín, integrante de la Mesa y de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), recordó que el Estado salvadoreño ha asumido responsabilidades a nivel internacional sobre protección a la libertad de expresión y de prensa, entre éstas, las recomendaciones hechas al país durante el Examen Periódico Universal (EPU) que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas realiza cada cuatro años.
Recomendaron a la comisión escuchar a organismos internacionales como la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos, quienes también han opinado sobre la situación de libertad de prensa y expresión en nuestro país.
