Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Todo dinero público, no invertido en sus fines, constituye expoliación (robo, fraude, despojo, usurpación, privación) al ciudadano. Por el desarrollo de la política cotidiana, con su lucha partidaria, olvidamos este concepto, pilar de nuestro sistema político actual: es necesario retomar el principio, desde su origen: las luchas liberales francesas y, la obra La Ley, de Frederic Bastiat.
El fin de la recaudación fiscal, es satisfacer, de manera indirecta, mediante un impuesto, una necesidad pública. O sea, recauda lo grabado (hecho generador) y se emplea para financiar diferentes servicios públicos o, de interés colectivo. La política practica ha inducido a creer que el impuesto, es forma de lograr una equidad social o, manera de sostener al Gobierno autocrático. En ambas formas, el ciudadano se convierte en un productor para beneficio del Gobierno o, en un “siervo”, en analogía con el feudalismo, sin ninguna diferencia práctica con las extorsiones ejercidas por las maras.
El ocultamiento de gastos, por parte del Ministro de Agricultura y su justificación, por parte del Ministro de Hacienda y las quejas e incapacidad de la Corte de Cuentas de la República y la Fiscalía General de la República en tal sentido, sólo prueban la expoliación que sufre la economía pública. Es ya bien sabida la corrupción del presente Gobierno, que suma más de mil millones de dólares, dinero que tendremos que pagar, porque los diputados se lo aprobaron en deuda externa. Tendrá que ser cancelada con sus réditos, por la generación subsiguiente.
Por tal razón Frederic Bastiat dice: “Cada uno de nosotros tiene un derecho natural – de Dios – para defender su persona, su libertad y propiedad” …, o sea que la Ley es injusta cuando se castiga el derecho a la legitima defensa de uno en favor del derecho adquirido de saquear el de otro. Esto lo hemos visto hoy durante la pandemia. El Gobierno con fines populistas intervino para impedir el legítimo cobro de las obligaciones contractuales de los particulares, mientras exigía que los impuestos le fuesen pagados.
Hoy se da un reglamento que impide conocer las contrataciones que el Gobierno realiza en nombre de la ciudadanía y del interés público y que, en todos los casos, se hacen con sobreprecio y calidad deficiente, para favorecer los intereses de algún allegado al Gobierno; esto es expoliación.
La necesidad de una contraloría pública, es congruente con los principios de buen gobierno, aplicados en todo país democrático. El dinero generado por los impuestos, es patrimonio de cada ciudadano, en su precariedad o en su abundancia, aunque el ciudadano no lo sienta así porque todos contribuimos a ello, de manera consiente o no.
La contraloría de la opinión pública, se desarrolla debido a la corrupción en el ejercicio del Gobierno, cuando los partidos políticos e instituciones que deben ejercer dicho control, según su modelo ideológico e institucional, siguiendo el equilibrio que pretende la República, llegan a acuerdos que aseguran la gobernabilidad, basada en la corrupción, por lo que sólo queda la contraloría social, vigilante de ese equilibrio, pues al romperse, en favor de alguien, hay tiranía y con ella, mayor corrupción.
La corrupción del presente Gobierno, está quedando legitimada por la inacción de la sociedad frente a sus pretensiones: es necesario que se interpongan los recursos respectivos y el ciudadano tenga claro, que cada centavo de deuda, implica que tendrá que trabajar más, para el Gobierno, que está convirtiéndose en su “Señor” y no, en su representante. La inacción ciudadana, está permitiendo la creación del “Leviatán”, descrito por Thomas Hobbes, en la justificación del absolutismo del Estado.
