El 8 de Julio de este año la Sala de lo Constitucional admitió el habeas corpus y dictó medidas cautelares en favor de los privados de libertad anulando las medidas especiales ordenadas por el Presidente y ejecutadas por el Director General de Centro Penales. Exigió a las autoridades demandadas que presenten su posible defensa frente a la acusación de actuar inconstitucionalmente, y les ordenó informar la situación de los favorecidos (los privados de libertad), al tiempo que nombra un juez ejecutor del habeas corpus. Ordena la aplicación inmediata de medidas cautelares en favor de los privados de libertad, suprimiendo el aislamiento absoluto, pide a la Presidencia y a la Dirección de Centros Penales que informen de cómo aplicarán las medidas cautelares y envía la resolución a los jueces de vigilancia penitenciaria.
En este contexto, en los primeros días del mes de Septiembre y sin que tengamos de momento noticias del cumplimiento de las medidas cautelares o de la información que haya dado el juez ejecutor, se produce una especie de conmoción gubernamental ante la acusación del periódico digital El Faro de que el Gobierno actual ha tenido conversaciones y pactos con las maras. El Gobierno reaccionó rápidamente, centrándose especialmente en que la noticia dada por el medio digital mencionado afirmaba que en las conversaciones se había acordado separar de nuevo a los miembros de las diferentes maras. El Director General de Centros Penales convocó a una serie de periodistas para que le acompañaran a visitar tres centros penales. En su Twiter, así como en otros de instancias gubernamentales, se publicaban fotos de privados de libertad, siempre sin camiseta, para que se les vieran los tatuajes en el pecho o la espalda y se pudiera comprobar que todavía estaban mezclados los miembros de diferentes maras. A esas fotos acompañaban las fotos antiguas, humillantes y degradantes, que el Gobierno había exhibido anteriormente, cuando tomó las medidas especiales, con los privados de libertad.
Varios de los twits publicados, especialmente por el Director General de Centros Penitenciarios, muestran un total irrespeto a la Sala de lo Constitucional y una franca desobediencia a la misma. En uno de esos mensajes, dirigido al Presidente de la República, se le dice: “hemos concluido el recorrido en los centros penales de Quezaltepeque, Izalco III y Ciudad Barrios, donde medios nacionales e internacionales corroboraron que las medidas restrictivas en el sistema penitenciario se siguen ejecutando”. En otro de los twits se insiste en que “desde un inicio actuamos contundentemente contra los grupos terroristas, quitamos el control a los criminales, decretamos estados de emergencia, están incomunicados en las rejas y cumpliendo sus condenas. NO hay privilegios”. El mismo Director parece, según sus twits, considerar privilegios el tener un tiempo, aunque sea breve, de sol, o el recibir visitas.
Frente a estas posiciones oficiales tenemos la Constitución de El Salvador que prohíbe los tratos crueles y degradantes. Y también la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por El Salvador, que en el artículo 5 consagra la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica y moral. En el apartado dos de este artículo insiste en que no se pueden aplicar “penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Añade, además, que “toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Y en el apartado cuatro recuerda que “los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas”. Algo que a pesar de ser de obligado cumplimiento nunca ha sido cumplido a cabalidad ni por el actual gobierno ni por cualquiera de los que gobiernos posteriores a la ratificación de la Convención Americana. La Sala de lo Constitucional se apoyó en el derecho constitucional a la integridad de la persona y en los tratados de Derechos Humanos ratificados por El Salvador para dictar medidas cautelares en favor de los privados de libertad a los que alude el habeas corpus. Pero la reacción gubernamental muestra claramente que existe una actitud de clara desobediencia a la Sala y por ende un irrespeto claro al artículo 185 de la Constitución que dice taxativamente que “corresponde a los tribunales declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros Órganos contraria a los preceptos constitucionales”. Entendiendo los twits como disposiciones (evidentemente los twits del Presidente no son leyes, aunque algunos funcionarios los tomen como tales), es evidente según las declaraciones de funcionarios y noticias de medios, que miembros del Ejecutivo están incumpliendo no solo las disposiciones de la Sala sino la propia Constitución. Ante una manifestación de desobediencia tan patente, la Sala debía tomar cartas en el asunto con rapidez.
El caso de los privados de libertad que pertenecen a las maras ilustra a la perfección la falta de cultura de Derechos Humanos que impera en muchos representantes del Estado salvadoreño. La despreocupación por los derechos derivados de la dignidad humana que los encarcelados conservan es patente en los tres poderes del Estado. Y muestra la debilidad de las instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento de derechos básicos. Los miedos a una opinión pública educada en el espíritu de venganza, en el menosprecio del más débil y en el ensañamiento con el vencido, son factores que pesan en las autoridades. La necesidad de impulsar los derechos humanos es una tarea urgente en El Salvador. El desprecio de la dignidad humana, fuente del irrespeto a los derechos humanos, se advierte en la indiferencia frente a la pobreza, en la baja responsabilidad del Estado frente a los derechos económicos y sociales, muchos de ellos garantizados por la Constitución, y en el frecuente abuso físico de detenidos o sospechosos por parte de agentes de autoridad. Es evidente que si las formas de proceder del ejecutivo se aplicaran a personas con amplio nivel educativo y con relativa abundancia de recursos, el escándalo sería clamoroso. Que se maltrate a los presos cuesta que parezca en los medios de comunicación. Por eso defender los derechos de los más débiles es la tarea más educativa si se desea promover los derechos humanos. Y los privados de libertad son, en general, más allá de los delitos cometidos en su momento, los que actualmente se encuentran más desprotegidos frente a la legislación existente.
* José María Tojeira, director del Idhuca.
