Esta mañana, el juez encargado de la investigación de la masacre El Mozote, Jorge Guzmán, llegó a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada esperando poder ingresar para realizar una inspección de los archivos militares bajo una orden judicial, sin embargo, el Ejército le negó el acceso alegando que desconocían la diligencia.
El coronel Carlos Vanegas le informó a Guzmán que no le permitirían la revisión de los archivos militares, por lo que posteriormente el juez, abogados y querellantes se trasladaron al Consejo Nacional de la Judicatura para levantar un acta sobre el bloqueo a la diligencia judicial.
Para el director de Litigio Estratégico de Cristosal, David Morales, lo sucedido esta mañana es un «un mensaje de impunidad, de protección a criminales de guerra y desprecio a las víctimas», remarcando que esta es una medida que también adoptaron gobiernos anteriores.
«Se trata de una desobediencia a una orden judicial, esto no puede ser más que una decisión de obstaculizar desde el más alto nivel, es decir el comandante general Nayib Bukele, el ministro de la defensa René Merino Monroy y su alto mando». agregó.
Asimismo, el procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, dijo que «no se debe continuar en la impunidad y que se deben realizar las acciones necesarias para que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad y tengan acceso a la justicia».
Wilfredo Medrano, abogado del caso El Mozote y sitios aledaños, señaló que la información de esos archivos ofrecerá abundantes pruebas. “Hay abundante prueba testimonial, científica, documental e inclusive hay documentos militares, que han sido enviados por el Estado, donde consta la hoja de vida de los 16 imputados hasta el momento porque ya fallecieron varios en este proceso”, detalló.
Hace 10 meses el presidente de la República, Nayib Bukele, había asegurado que en su mandato abrirían los archivos militares relacionados al Mozote «de la A a la Z».
«Si el juez nos pide de la A a la F, nosotros vamos a hacer a la Z», ofreció Bukele en su momento, sin embargo, Oscar Tobar Claros, presidente de la asociación de víctimas, calificó de «indignante» el doble discurso de Presidencia, luego de haberse comprometido a abrir los archivos militares «de la A a la Z» y, ahora, negarse a cumplir la orden judicial.
Las inspecciones estaban programadas para ser realizadas en ocho semanas desde este 21 de septiembre hasta el 13 de noviembre en diversas instalaciones militares en el territorio nacional, mientras que a partir del 16 de noviembre, los peritos nombrados y juramentados por el tribunal tendrían cuatro semanas para consolidar información y elaborar informe que tendría que ser entregado el 11 de diciembre de 2020.
El pasado viernes 28 de agosto, se llevó a cabo la audiencia por el caso de la masacre El Mozote, en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, en el cual fueron citados funcionarios del Gobierno dela República.
El Juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Urquilla, citó a la audiencia, al ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, a la titular de Cultura, Suecy Callejas, y a los secretarios privado y jurídico de la presidencia de la República.
Dicho citatorio realizado por el juez, fue con el fin de definir las fechas de planificación, coordinación y programación de las inspecciones de los archivos militares establecidos según la resolución emitida por el tribunal en junio pasado.
A la audiencia no asistieron Callejas ni Merino Monroy, pero si representantes de los ministerios de Cultura y Defensa, además de delegados de la Presidencia de la República, con el fin de cumplir con el citatorio hecho por el juez.
