«Se hace un llamado al Presidente Nayib Bukele a respetar su palabra cuando manifestó que daría acceso a archivos de la A a la Z, porque esta acción de su ministro contradice dicho compromiso y es una maniobra igual a la realizada por gobiernos anteriores para proteger a criminales de guerra», señaló Tutela Legal tras conocerse que ministro de Defensa intenta bloquear proceso ordenado por juez.
El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, intenta bloquear la inspección a los archivos militares ordenada por el juez Jorge Guzmán, a cargo del proceso penal histórico por la masacre de El Mozote y lugares aledaños, ejecutada en noviembre de 1981. La Revista Factum reveló que el funcionario envió una nota al pleno de la Corte Suprema de Justicia en la que le solicita que ordene la suspensión del proceso que debe iniciar el 21 de septiembre.
De acuerdo con la investigación, Merino Monroy alega que la seguridad nacional podría ponerse en riesgo, pese a que la masacre -que las víctimas atribuyen al Ejército- ocurrió hace 39 años. Afirma que el Ministerio de Defensa “no está en obligado a cumplir una decisión judicial sin un sustento legal vigente”.
Esto contradice lo dicho por el juez en la audiencia realizada hace algunas semanas. Guzmán les hizo saber que la decisión judicial estaba tomada. «Lo que procede es su ejecución. Las decisiones judiciales no se negocian, ni se suplican, se imponen”, enfatizó el juzgador.
Ante la revelación sobre la negativa de Defensa, la Asociación Tutela Legal Dra. María Julia Hernández recordó que la resolución judicial debe cumplirse. «Se hace un llamado al Presidente Nayib Bukele a respetar su palabra cuando manifestó que daría acceso a archivos de la A a la Z, porque esta acción de su ministro contradice dicho compromiso y es una maniobra igual a la realizada por gobiernos anteriores para proteger a criminales de guerra», señaló la organización.
Esta organización exhortó a la comunidad internacional a estar vigilante del proceso de inspección de los documentos en manos de la Fuerza Armada.
La organización Cristosal advirtió que el oponerse a la inspección podría implicar el cometimiento de delitos.
«Estamos hablando de una posición de incumplimiento de no acatar la orden judicial, lo cual hace incurrir en delitos como actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y otras figuras», dijo el director de litigio estratégico de la organización.
Abogados que integran Tutela Legal Dra. María Julia Hernández y Cristosal son acusadores particulares en el proceso penal por la masacre de El Mozote y lugares aledaños, en la que alrededor de mil personas fueron asesinadas.
«Proceso histórico»
El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, Jorge Guzmán, asistió el 21 de septiembre a la primera de las inspecciones de archivos militares, en los que se busca documentación que esté relacionada a la masacre de El Mozote y sitios aledaños; sin embargo los militares le negaron el acceso.
El proceso está proyectado para 12 semanas y esperan que el informe pericial sea entregado entre el 7 y el 11 de diciembre, en el marco del aniversario de la masacre.
Además, el juez emitió una medida cautelar preventiva en la que «obliga a aquellos funcionarios que tienen bajo su custodia los archivos elegidos para la inspección, evitar que se desplace, sustraiga y oculte cualquier documento de esos archivos”.
A la audiencia en la que se definió el calendario fueron convocados las partes técnicas y materiales (fiscales, acusadores particulares, defensores y víctimas) y funcionarios que tengan la facultad de ordenar e instruir a quienes ejerzan funciones de dirección, administración o custodia de los referidos archivos, a efecto de que faciliten y colaboren en la ejecución de las inspecciones.
Los funcionario que estaban convocados a la audiencia fueron el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, el Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro; el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro; la ministra de Cultura, Suecy Callejas; y el comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ricardo Gómez. Todos enviaron personas delegadas.
Durante la audiencia, la defensa de los acusados solicitó declarar nulas las inspecciones, alegando que violan el principio de legalidad. Sin embargo, el juez lo denegó y estableció que estas se realizarían según calendario y metodología propuesta por el equipo de peritos, previamente juramentados. A éstas asistirán el juez, las y los peritos, las partes involucradas y la PDDH.
La Fundación Cristosal ha calificado el proceso de inspección de los archivos como un «hito».
