Para el 21 de septiembre pasado Jorge Guzmán del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, del departamento de Morazán, que lleva el caso de la masacre El Mozote y lugares aledaños, se presentó ante el Ministerio de la Defensa Nacional para inspeccionar los archivos militares y buscar pruebas judiciales relacionadas con la masacre de unas mil personas en 1981.
Sin embargo, esta visita fue bloqueada, es por lo que el Instituto de Derechos Humanos de la UCA envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se expone que el país presenta un deterioro al Estado de Derecho, por el irrespeto de decisiones judiciales y de los derechos de las víctimas del Conflicto Armado.
El IDHUCA señala que esta decisión de bloquear el acceso a los archivos militares es un claro retroceso e incumplimiento a las observaciones y recomendaciones preliminares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió al país el 27 de diciembre de 2019, en donde se dejaba en claro que el Estado salvadoreño debía, en un plazo razonable, iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir, según corresponda, con la mayor diligencia, las investigaciones de todos los hechos que originaron las violaciones de derechos humanos. Esto con el propósito de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables.
Sin embargo, la actitud militar representa un claro incumplimiento de esta disposición.
El impedimento a la inspección de los archivos militares es un obstáculo a la labor fiscal y judicial, encaminada a realizar las investigaciones de los hechos relativos a la masacre, con la mayor diligencia, puesto que tales archivos podrían contener información trascendental al respecto.
Asimismo, esta actitud es favorable a la impunidad, ya que impide contar con la documentación pertinente que permita identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables por los delitos cometidos.
Es por ello por lo que el IDHUCA pide en su carta que se incluya una serie de observaciones y recomendaciones actualizadas en relación con esta actitud gubernamental, favorable al encubrimiento y la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante el conflicto armado, dentro del informe definitivo de la visita in loco.
Y pide que se activen todas las vías y mecanismos que se encuentren a su alcance para garantizar que el Gobierno del presidente Nayib Bukele cumpla con todas las observaciones y recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en su informe preliminar y que emita en su informe definitivo.
Por otra parte, pide que se brinden todas las medidas de protección al juez y sus colaboradores para que realicen sus labores sin interferencias indebidas, así como a las víctimas y sus abogados para que no sufran ataques contra su integridad; y exhortando a que se tomen las acciones preventivas necesarias para que las personas periodistas no sean objeto de intimidaciones por parte de los cuerpos de seguridad, al momento de hacer coberturas sobre juicios del conflicto armado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos llamó al El Salvador a “cumplir con dichas decisiones judiciales, garantizando el acceso sistematizado a los archivos relevantes a las investigaciones judiciales y establecer una investigación por la negativa de cumplir la orden de acceso a los mismos”.
