Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
La pandemia ha sido un desafío que encontró desubicado incluso a naciones primer mundistas, entre las que nuestro mayor referente, E.U., ha resultado el más afectado, con hasta 74, 000 fallecidos por Covid19, en agosto pasado, de acuerdo a la Universidad de Washington, y un coste de alrededor de $2, 000, 000, 000, 000. 00, que incluye los $1, 200.00 con que la administración subvenciono a alrededor de 150 millones de familias estadounidenses, mas $500. 00 por menores en cada una, y destacando los 22 millones de ciudadanos desempleados por la crisis, de acuerdo a la propia administración.
Empero y a pesar de los recursos destinados al tema, lo cierto es que la estrategia emprendida por la administración ha sido fallida, pues el mal no ofrece coto y las cifras demuestran que las personas afectadas aumentan día a día.
En nuestro caso, las medidas adelantadas por la administración al inicio de su gestión, que incluyeron el desmontaje de las estructuras de protección civil a nivel nacional, como una radical reducción de los recursos asignados a la prevención en los territorios, son por definición obstáculos que el propio gobierno y por razones ideológicas, se ha impuesto, traduciéndose en su momento en dificultades que se manipularon mediáticamente para aparentar que fueron “otros” los que impidieron la adecuada respuesta a la pandemia, a la que se suma además la creciente tensión derivada del enfrentamiento que el ejecutivo azuza, por razones electoreras, con los otros órganos de gobierno.
Ello y la sistémica emulación de lo realizado por su par estadounidense, hace del ejecutivo salvadoreño, un administrador previsible, pues casi actúa de manera refleja reproduciendo lo actuado por aquel, es decir, cometiendo los mismos errores y manipulándolos ante la población.
Por ejemplo, durante todo el año el ejecutivo afirmo no haber recibido recursos de parte de la asamblea legislativa, a pesar de que los diputados le aseguraron a la administración, $4, 122. 7 millones de dólares, producto de los créditos aprobados en diferentes momentos por los asambleístas, lo que aumento la deuda de corto plazo, en un 46, 5% éste mismo año, colocando en serio riesgo la liquides del gobierno, de acuerdo a FUSADES, y elevando la deuda en el PIB hasta el 90%, lo que es simplemente insostenible.
Esto obligará el pago, en el venidero 2021, de hasta $1766 millones en concepto de deuda, incluida la amortización, al FMI.
Para colmo, a la negación de la existencia de los recursos – reconocidos por el ex director del BCR, Nicolás Martínez, en la entrevista que se le realizara en la Asamblea Legislativa apenas días atrás – coloca a la administración en una posición también insostenible, pues no ha dado cuenta del uso de los tales recursos, que son una deuda pues no resultaron de ningún ahorro.
Entonces se impone, las necesarias reformas que garanticen conocer públicamente el uso de recursos públicos, además de las de carácter fiscal que aseguren una recaudación progresiva impositiva, abandonando así finalmente el esquema que socializa los costes de los errores gubernativos.
*Educador salvadoreño
