Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra
La afirmación: “Sólo una nación cuyo espacio esté acorde con sus necesidades, tanto materiales como espirituales, puede tener esperanza de alcanzar alguna vez una verdadera grandeza”, del geopolítico alemán, Karl Haushofer, dicha en (1934), puede ser aplicada a los salvadoreños, en un contexto diferente al original, pero igual en su significado. El destino del salvadoreño, está en El Salvador; si se busca fuera, es porque por razones políticas, se ha vuelto un territorio hostil, para la realización de la vida moderna.
En 1970, según datos estadísticos de la FAO, El Salvador, registro en Latinoamérica el segundo lugar en eficiencia agrícola: fue la plataforma financiera para nuestra industrialización, iniciada en los años 50 y 60. Todo quedó destruido por las luchas sociales iniciadas desde los años 80, que conllevaron al conflicto armado, que produjo un abandono de la libertad necesaria para el desarrollo nacional y, fue substituido por la creencia de que el asistencialismo (paternalismo estatal) y el control gubernamental, podrían satisfacer las necesidades del salvadoreño.
El triunfo del salvadoreño en el exterior, demuestra que, el problema del subdesarrollo, no está en su población, sino que los gobiernos, no dan la libertad necesaria para el pleno desarrollo humano; más bien, lo obstaculizan. Existe tendencia a agudizar esta crisis, con la premisa de que sólo la ayuda estatal (sea en asistencialismo individual o en inversión pública) puede lograr un desarrollo sostenible. Esta creencia, ha profundizado la crisis: se encuentran en el extranjero, con vida plena, cerca de dos millones de salvadoreños.
La contribución de los emigrantes al país, es por medio de las remesas que perciben sus familiares y que estimula a éstos, a emigrar, aunque de forma ilegal, pues es lo expedito y a lo que obliga su escasa preparación académica o laboral, reflejo de la deficiente instrucción pública. Es imposible la asimilación de los inmigrantes, en las condiciones actuales, si hay un regreso masivo, pero los países que hoy nos acogen, no tienen responsabilidad en cuanto a deportarlos, si ello alivia un problema social o jurídico en sus Estados.
Los reclamos de las diferentes organizaciones de inmigrantes salvadoreños, en Estados Unidos a la nueva embajadora, es reflejo de sus intenciones: que se les legalice su condición en dicho país, no es retornar, pues las condiciones en este país, no son favorables, por el contrario, sólo les espera asistencialismo o pobreza extrema.
La responsabilidad de un Estado, por medio de su Gobierno, es crear las condiciones para el desarrollo individual, que es base para el colectivo. La pérdida de la estabilidad social que desembocó en un conflicto armado, destruyó el aparato productivo, pero fueron las decisiones políticas posteriores, la causa de que no haya habido una recuperación política económica y social, luego de los Acuerdos de Paz de 1992.
Este deterioro puede ser medido en el déficit fiscal, por quinquenios: 2% (1990-1994), 4% (2010-2014) y 10% (2020), lo cual implica, que el próximo año, estará comprometido el 30% de los ingresos tributarios, para el pago de la deuda y, un aumento de la pobreza extrema a 600,000 ciudadanos. Por lo cual es imposible que el país, genere las condiciones necesarias para un retorno favorable de nuestros ciudadanos.
A mayor taza de impuestos, endeudamiento. Gasto público y reglamentaciones estatales, habrá menos libertad, mayor corrupción y serán menores las condiciones favorables para la vida en El Salvador.
La realidad nacional al presentar condiciones negativas, estimula la emigración, no solo del precarista sino de la clase media y se pierden los estímulos para la inversión extranjera, obligando al aumento de impuestos, lo que agudiza más la crisis.
