“Entró el Batallón Atlacatl a esta zona el 11 de diciembre, la entrada de ese batallón fue el asesinato de 335 personas. Yo me salvé porque me corrí con mi esposo y mis hijos. Fueron 24 los que asesinaron solo de mi familia”, recordó Rosario López Sánchez, representante del Cantón La Joya. “Ahí fue cuando procedieron a hacer la masacre, primero los hombres, luego las mujeres y los niños”, comentó José Cruz Vigil del Cid, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de El Mozote. Son parte de los testimonios sobre la que se considera la mayor matanza del siglo XX en Latinoamérica.
Han pasado casi cuatro décadas y los habitantes de El Mozote y los caseríos aledaños de Meanguera, Morazán aún recuerdan el drama que vivieron cuando alrededor de mil hombres, mujeres y niños fueron ejecutados a manos de militares del Batallón Atlacatl.
El comandante del batallón, el coronel Domingo Monterrosa, aquel diciembre de 1981 en complicidad con otros militares violaron y asesinaron mujeres, decapitaron hombres y ahorcaron y traspasaron a cuchillo a 553 menores de edad.
A pesar que en 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por la masacre y le ordenó investigar, juzgar y sancionar a los culpables, el crimen sigue impune.
La Comisión de la Verdad estableció en su informe que el general José Guillermo García, ministro de Defensa en 1981 no hizo nada por investigar la masacre. Tampoco mostró interés el general Rafael Flores Lima, entonces, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Desde que se cometió la masacre, han pasado 12 ministros de la Defensa y 9 presidentes, incluyendo los actuales, con total pasividad para esclarecer el hecho y reparar a las víctimas.
El presidente Nayib Bukele les dio esperanza a las víctimas al invitarlos en junio de 2019 a Casa Presidencial y prometerles que habría reparación. “Yo sé que han esperado muchísimo tiempo para estas reparaciones, hay gente que ha fallecido esperando y nunca las vieron…. Y es la masacre más grande de Latinoamérica y es una vergüenza para nuestro país, no solo que ocurriera, sino además que haya pasado tanto tiempo y no se hayan hecho las reparaciones”, dijo el presidente en aquella reunión con las víctimas.
Pero pasados 15 meses de aquella promesa, en la cadena nacional del 24 de septiembre de 2020 les negó el acceso a la verdad, al desconocer al juez y bloquear la inspección de los archivos militares. “Los archivos del Mozote no están en el Estado Mayor Conjunto… el juez de San Francisco Gotera no tiene jurisdicción sobre la Fuerza Armada, yo no estoy escondiendo porque no me sirve de nada, un medio papel del Mozote”, fueron parte de sus afirmaciones.
La Ley de Amnistía, abolida en 2016, ya no es un impedimento para juzgar a los responsables, aún así los archivos militares relacionados a la masacre siguen negándosele al juez de instrucción, Jorge Guzmán, quien intenta recabar pruebas para esclarecer el caso. Cuatro instancias militares le negaron el ingreso para inspeccionar los documentos, pese a tener una orden del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, el respaldo de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y resoluciones de la Sala de lo Constitucional.
Los militares, siguiendo el discurso del presidente Bukele, han argumentado que intentan proteger los planes militares, pese a que el juez les ha explicado que solo busca documentos relativos a El Mozote. “En realidad esta unidad no cuenta con ninguna documentación que esté relacionada a la información que usted busca. Todo lo que aquí se encuentra son planes militares y están protegidos bajo la Constitución. La información ya fue entregada y no tiene razón tal diligencia y cualquier situación que quiera postular lo puede hacer a través del Ministerio de la Defensa”, fueron algunos argumentos de los militares para impedir el ingreso.
El juez Guzmán, en un intento por hacerles comprender la importancia de su diligencia, les explicó que estaban haciendo una interpretación equivocada sobre el concepto de planes militares secretos, una situación que ya estaba ampliamente discutida. “Aquí en este país no hay una institución que sea un supra poder y que esté por encima de todos los demás. Ustedes deben entender que las víctimas son el centro de este proceso”, explicó el juez en casi todas las unidades militares donde le negaron la entrada.El Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea en Ilopango, la Segunda Brigada Aérea y la Brigada de Artillería en San Juan Opico fueron las cuatro unidades militares donde se bloqueó el acceso. El argumento fue el mismo: no tener órdenes superiores para permitir la entrada, que en sus recintos no están los archivos de El Mozote o que el presidente Nayib Bukele ya los entregó.
Estas respuestas tienen que ver con lo que dijo el presidente en la cadena nacional del 24 de septiembre de 2020, cuando afirmó que entregaría los archivos porque “ya no tienen valor estratégico”. “Nosotros vamos a desclasificar voluntariamente estos archivos y el único que puede determinar si son secretos o no es el comandante general de la Fuerza Armada, así que yo determino que los archivos de El Mozote no son secretos y por lo tanto deben ser entregados”, dijo el presidente en la cadena nacional.
Sin embargo, el director de Litigio Estratégico de Cristosal, David Morales, asegura que los archivos desclasificados que el presidente prometió entregar es otra promesa incumplida. “Los ampos, la información, presuntamente que contenían que mostró en cadena nacional el presidente, no han sido entregados. La representación de la Fiscalía nos dice que no tienen conocimiento que se hayan entregado a la Fiscalía y al tribunal, lo cual lo ha confirmado el señor juez. Por el momento la supuesta promesa de desclasificar información sigue siendo una mentira”, afirmó Morales.Bloquear el acceso a los archivos militares no es nuevo. La versión de la Fuerza Armada es que toda la información relativa a la Operación Rescate, responsable de la masacre de El Mozote, no existe en sus archivos oficiales.
El exministro de Defensa David Munguía Payés se negó a entregar información sobre varias masacres de civiles atribuidas al Ejército durante la guerra, solicitadas mediante la Ley de Acceso a la Información Pública. Tampoco permitió el acceso de representantes del IAIP a las oficinas del archivo militar que buscaban verificar la existencia de los documentos.
Pero el ministro de Defensa Francis Merino Monroy llegó más lejos que el exministro Payes y en su afán de ocultar la información interpuso un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, como un reclamo contra la resolución del juez Jorge Guzmán, en la que ordenó la inspección de ciertos archivos militares de la Fuerza Armada.
La Sala de lo Constitucional rechazó la demanda del ministro, quien aseguraba vulneración de los derechos a la seguridad jurídica de la Fuerza Armada y una acción perjudicial contra los planes militares secretos. La resolución de la Sala de septiembre de 2020 no advierte un agravio para la Fuerza Armada.Además, el máximo tribunal reconoció el derecho a conocer la verdad en una sentencia de febrero de 2014 y señaló que el Estado está obligado a realizar todas las tareas necesarias para contribuir a esclarecer lo sucedido durante la guerra. Sin embargo, con el bloqueo de las inspecciones de los archivos del Mozote, se atrasa la justicia y se incumplen las sentencias de organismos nacionales e internacionales, dijo Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. “Que se esté negando ese derecho de conocer la verdad nos parece indignante porque no permite, en este caso, avanzar. Los militares están actuando de una manera prepotente y se identifican con los militares del pasado. Eso es proteger a los responsables, a los victimarios de esas graves violaciones a los derechos humanos”, señaló.
Según la Comisión de la verdad, los responsables de la masacre fueron el coronel Domingo Monterrosa, el mayor Natividad de Jesús Cáceres y el mayor José Armando Azmitia. El operativo se ejecutó bajo la conducción de los Comandantes de Compañías: el capitán Juan Ernesto Méndez, Roberto Alfonso Mendoza y el coronel José Antonio Rodríguez, entre otros.
En 1990, se abrió el proceso penal por la masacre de El Mozote y lugares aledaños en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en San Francisco Gotera, Morazán. El proceso fue impulsado por Tutela Legal y las comunidades.
En octubre de 1992, cuatro antropólogos forenses argentinos encontraron las fosas comunes y desde entonces se han exhumado a 350 personas.
Sin embargo, desde los años 90 que inició el juicio, que fue suspendido por la Ley de Amnistía, las víctimas y familiares de víctimas siguen esperando justicia. “Nos sentimos ofendidos porque el Gobierno se sentó con una comisión de víctimas y ahí prometió que le iba a dar continuidad al Mozote, que iba a abrir los archivos y estamos viendo que es lo contrario, él se está negando cuando había prometido a nosotros las victimas cumplir la ley”, dijo Amadeo Martínez de la Asociación de El Mozote.
De la misma manera, Óscar Tobar presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, aseguró que estaban con la esperanza puesta en la promesa del presidente de abrir los archivos militares. “Para nosotros ha sido indignante como víctimas, porque hemos estado buscando la justicia y la verdad desde hace mucho tiempo. Se repite la historia, siempre es lo mismo”.
Impedir el conocimiento de la verdad y la justicia es un delito de obstrucción y de encubrimiento, pero además una falta de honestidad y honradez. Es la opinión del rector de la UCA, el padre Andreu Oliva, quien observa una promesa incumplida del presidente Nayib Bukele al negar los archivos militares, luego de asegurar que pondría a disposición los documentos de la “A a la Z”.
Según el rector “quedó demostrado que Nayib Bukele, al igual que sus antecesores, está a favor de la impunidad y seguirá protegiendo a los militares que cometieron esos crímenes de lesa humanidad. Se ha burlado de las víctimas que desde hace 40 años están exigiendo verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”, opinó.
Detrás de la impunidad de la masacre El Mozote se esconde no solo la culpabilidad de la Fuerza Armada, ministros y presidentes salvadoreños, sino del gobierno de Estados Unidos.
Un artículo titulado “La verdad sobre El Mozote,” publicado en el semanario New Yorker, en diciembre de 1993, reveló que el gobierno de Ronald Reagan engañó al Congreso de Estados Unidos sobre la matanza para que los legisladores no quitaran la ayuda militar de Washington al Gobierno salvadoreño.
Según el artículo, la masacre se produjo cuando Estados Unidos debatía si continuaba con la ayuda para el ejército salvadoreño y terminó por caracterizar la masacre como una batalla entre tropas del gobierno y la guerrilla.
Entre el ocultamiento de lo que sucedió en diciembre de 1981 en la Joya, Arambala, El Mozote y caseríos cercanos, persiste la esperanza de obtener justicia, aunque haya pasado casi 40 años. Eso es lo que esperan las víctimas de El Mozote.“No han querido que se sepa la verdad de todo lo que sucedió en ese lugar del caserío El Mozote y lugares aledaños, ha sido un nuevo golpe, nos siguen marginando… Las masacres no han sido reconocidas, por más que pedimos justicia, nosotros los familiares no vemos justicia”.
TOMADO DE YSUCA.
