Cuatro veces le negaron autoridades militares al juez del caso El Mozote, Jorge Guzmán, acceso a instalaciones militares para verificar archivos e información relacionada a la matanza de más de mil campesinos en 1981.
El abogado y subdirector del IDHUCA, Manuel Escalante, aseguró que en la negativa del presidente Nayib Bukele y de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) a entregar archivos militares “está en juego el derecho de acceso a la justicia con relación a las víctimas del conflicto”.
Efectivos militares llegaron a bloquear a Guzmán hasta en cuatro ocasiones, a pesar del pronunciamiento de la Corte Suprema del país, que concluyó esta semana que las inspecciones en archivos militares son legales y no perjudican a las Fuerzas Armadas.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró que desclasificaría “voluntariamente los pocos archivos sobre la masacre de El Mozote que no han sido destruidos”, pero Guzmán ha denunciado que ningún documento supuestamente desclasificado por el mandatario había llegado a su juzgado.
“El presidente o las personas que lo han asesorado han demostrado lo que justamente no se debe hacer en la búsqueda de información relacionada a crímenes de lesa humanidad”, criticó el abogado ante la conducta del gobernante.
“No permitir que el juez haga su labor es atentar con los derechos de las víctimas”, insistió Escalante.
El informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas concluyó que entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados pertenecientes al Batallón Atlacatl, dirigidos por el teniente coronel, Domingo Monterrosa, torturaron y ejecutaron a más de mil pobladores del caserío El Mozote y otros lugares cercanos, en el departamento de Morazán, a 180 kilómetros al noreste de la capital del país, San Salvador, en busca de guerrilleros.
