Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Vivense en el presente, dos corrientes: de la legalidad y, de ilegalidad; es decir, fuerza contra derecho, en la que se busca forzar los hechos políticos, únicamente con el favor de la opinión pública nacional, forzando así, los hechos políticos. Esto hace inviable al país, a futuro: exige una reacción nacional, en defensa del sistema republicano, democrático y representativo.
Sentencias que no se cumplen y, prohíben la violación masiva, de garantías constitucionales, funcionarios que pretenden estar sobre la ley, imposibilidad de fiscalizar el gasto público, ofrécese crédito sin garantía, a base de deuda pública, tomada de los ahorros de los particulares; ante violaciones a la ley, se protege al funcionario que controla la fuerza pública, otorgándole fuero, a despecho de la propia ley que rige su institución. Al incumplimiento de la ley, debe agregarse el control territorial de las pandillas y, el uso que ésta, hace del país; el narcotráfico, cuyas relaciones llegan hasta el mismo Gobierno, por medio de varios de sus funcionarios y, apoyos políticos, que vienen del conflicto armado pasado, con relación el terrorismo y el crimen organizado transnacional.
Se presenta, para las calificadoras de riesgo, una inviabilidad del Estado, que prevé un decrecimiento económico, muy bajo, para la media mundial y regional. Imposibilita la inversión que, podría estabilizar al país; alejándolo, aún más, si van a competir las inversiones, con el Estado o, con empresas de dudoso capital, cuyo objetivo es el lavado de dinero transnacional, explotando nuestra única ventaja: la dolarización.
De lucha política, se ha pasado a la inestabilidad del sistema, pues los continuos incumplimientos, del ordenamiento jurídico, se extienden y dañan otros sistemas sociales. El incumplimiento a la entrega del FODES, a las Alcaldías, paraliza sus funciones locales indispensables para el funcionamiento cotidiano y, la retención de fondos, amenaza desestabilizar al sistema económico pues, aunque sólo reciben el 10% de los ingresos, ese llega al sistema bancario, por diferentes vías y, desde donde se pueden obstaculizar otras actividades: Un empleado que no cobre, no puede pagar su alquiler y sus alimentos o, pagar sus préstamos personales, generando el detonante de una crisis generalizada.
La persecución a opositores políticos, por temas fiscales y laborales, convierte a los Ministerios de Hacienda, Trabajo y Salud, en aparato represor, que persigue a quien se le opone o favorece, a quien le conviene al gobierno, siendo su cómplice, la PNC. Esta actitud, aleja la inversión nacional o extranjera: no hay seguridad jurídica y, en la presente situación, que la actividad de servicios representa un 53% de la actividad económica ésta, puede verse imposibilitada de continuar. El rubro más estable y de más rápida recuperación, es la agricultura, que sólo representa un 5%, la cual no podría soportarlo, por sí sola, una crisis generalizada, pues es la más golpeada por la naturaleza, por los precios y, el desinterés político.
Esta es la razón, por la que muchos jóvenes emprendedores, buscan el exilio y, la inversión extranjera se aleja. Sólo una reacción política fuerte, basada en la unidad nacional, que sostenga firmemente nuestra Constitución, que establece el sistema democrático, republicano y representativo, podrá oponerse, a la fuerza que el Gobierno actual, pretende ejercer contra el sistema.
Puede apreciarse, que la mayoría de los Diputados y Alcaldes están, por sus continuas arbitrariedades, contra el Gobierno y, que el Poder Judicial, ha manifestándose, en defensa de las garantías constitucionales; el sistema político ha forzado los mecanismos de contraloría existentes. El presente Gobierno, ha logrado despertar la conciencia de la importancia del sistema, sin el cual, la lucha ideológica, carecería de sentido, pues tendremos la voluntad arbitraria, únicamente del dictador.
