El presidente Nayib Bukele acusó a los alcaldes de Arcatao, Nueva Trinidad, San Ignacio y San Fernando de colaborar con el narcotráfico y contrabandistas, después que los ediles denunciaron ante la Asamblea Legislativa la militarización en puntos fronterizos y restricciones a la movilización de los pobladores.
Según explicó el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, Saúl Baños, en los municipios en cuestión, durante el conflicto armado en el país, hubo desplazamientos forzados, sobre todo hacia Honduras, debido a la intervención del Ejército; luego de finalizada la guerra, estos municipios fueron repoblados. En los años posteriores a la Firma de los Acuerdos de Paz, dichas poblaciones han tenido una alta capacidad organizativa, lo que se ha reflejado en los bajos niveles de delincuencia y bajo impacto de la pandemia por COVID-19.
Baños dijo que las acciones del Ejecutivo podrían tener relación con una campaña política electoral, ya que los municipios que han denunciado la militarización han sido gobernados por el FMLN durante los últimos años. Además, Baños dijo que podría estar relacionado a la visita del comandante del Comando Sur de Estados Unidos a Honduras y El Salvador, para enfrentar las amenazas transnacionales y el combate al narcotráfico.
El director ejecutivo de FESPAD dijo que la militarización de los municipios limítrofes de Chalatenango atenta contra el ordenamiento constitucional del país y que debe implementarse otro tipo de acciones para la lucha contra el narcotráfico.
Baños dijo que la remilitarización de la seguridad pública incumple los Acuerdos de Paz, por lo que recomendó que se le devuelvan las facultades a la Policía Nacional Civil para garantizar la protección de los derechos humanos de la población y sobre todo de la juventud, que está siendo criminalizada por su condición de ser joven y no por sus acciones, puntualizó.
