El presidente se equivoca al acusar sin fundamento a los alcaldes de Arcatao, Nueva Trinidad, San Ignacio y San Fernando, todos municipios de Chalatenango, de colaborar con el narcotráfico y el contrabando, y al cercar militarmente esos territorios. Bukele exhibe sin pudor, una vez más, el desconocimiento de la realidad y de la historia del país. Desconoce que en 1992, por un fallo de La Haya, un grupo de salvadoreños pasó a vivir en Honduras, pero sus tierras de trabajo quedaron en el lado de El Salvador. Lo mismo sucedió con ciudadanos hondureños, cuyas casas quedaron del lado salvadoreño. Ambos viven y trabajan en los llamados “bolsones”. Se mueven entre los dos países siguiendo el ritmo que han tenido desde siempre. Son comunidades caracterizadas por el abandono gubernamental. Solo algunas instituciones, iglesias y las alcaldías han tratado de atender sus necesidades.
En el contexto de la pandemia, los hondureños que viven en nuestro suelo no recibieron ayuda de su Gobierno porque habitan en territorio salvadoreño, pero tampoco han sido beneficiarios de las ayudas salvadoreñas porque no tienen documento único de identidad. Similar situación viven las familias salvadoreñas en los bolsones del vecino país. Ellas trabajan de este lado de la frontera y asisten a escuelas y centros de salud salvadoreños. Esta población y los alcaldes de Arcatao, Nueva Trinidad, San Ignacio y San Fernando no se oponen al cuido de fronteras, sino a la violación de sus derechos.
En San Fernando, unas 25 familias tienen sus siembras en el lado hondureño y los militares no las dejan pasar. No pueden ir o venir a ordeñar su ganado. Los soldados han ocupado varias escuelas y hay denuncias de maltrato a la población. Se han perdido cultivos y la crisis que se vaticina es aún más cierta para estos pobladores. Los que acostumbran expresar su fe en las parroquias salvadoreñas, ahora no pueden hacerlo. A esta situación obedece la denuncia de los alcaldes, porque, antes que salvadoreños u hondureños, los pobladores de los bolsones tienen derechos que se deben respetar. Interrumpir el flujo normal de su vida mediante la fuerza de las armas es desconocer esta realidad y una muestra de inhumanidad.
Con su acusación, el presidente desconoce también los logros policiales en los municipios en cuestión, donde agentes de la PNC, autoridades y diversos actores sociales trabajan coordinadamente. A ello se debe que estos municipios no compartan el nivel de violencia de otras zonas del país; Chalatenango ha sido y sigue siendo una de las menos violentas. Según datos oficiales de la Policía, de los 262 municipios del país, 57 no registraron homicidios entre enero y noviembre de 2019; 18 de ellos son de Chalatenango, y entre estos están los cuatro señalados por el presidente.
Es obvio que la paz no necesariamente significa ausencia de narcotráfico, pero la experiencia y la evidencia científica señalan que el tráfico de drogas y su comercio casi siempre están ligados a la violencia. Por otro lado, en materia de covid-19, según datos del mismo Gobierno, Chalatenango es el tercer departamento con menos casos detectados. Arcatao solo presenta 17; San Ignacio, 27; Nueva Trinidad, 3; y San Fernando, 1. Si algo heredaron del conflicto armado estas comunidades fue su cultura organizativa, que incluye, como ya se dijo, a los diversos actores sociales, Policía incluida.
El asunto no es maniqueo ni simple, como lo quiere hacer ver el presidente. Que las cuatro municipalidades estén en manos del FMLN no es razón suficiente para acusar sin fundamento. Otros ediles de otros partidos las apoyan, pero no lo expresan por temor. El afán electoral hace que el mandatario se equivoque de nuevo, esta vez imponiendo sufrimiento y penurias a comunidades pobres que han debido salir adelante por su cuenta ante el abandono del Gobierno.
