Por: Róger Hernán Gutiérrez*
Siguiendo con el proceso de cooptación política de sindicatos para la formación de grupos de choque, defensa territorial y política, ante la disputa por determinar una hegemonía de los intereses dominantes necesarios para construir poder por sobre la economía, la política, lo social y las relaciones laborales predominantes para sostener un modelo de producción útil al régimen de turno (Gobierno de Bukele).
El actual Ministro Castro viene arrastrando una historia de cooptación y puesta al servicio de intereses patronales—durante su ejercicio como trabajador y dirigente laboral a lo interno de la municipalidad, determinó la constitución de una organización laboral que le fuera útil a sus intereses personales en la búsqueda de concesiones, prebendas y/o venalidades que permitieran cubrir espacios de mutua necesidad en términos económicos y de poder político-social.
La estrategia de la cooptación, se basa en la utilización de dirigentes sindicales creíbles y con liderazgo, la han utilizado desde tiempos inmemoriales, con el objeto de fundamentar su dominio por sobre intereses propios, que lleven en el caso del sector público a fortalecer al partido político de turno, y la acumulación política en diputaciones, alcaldías y presidencia de la República. Y en el sector privado es la acumulación de mayores niveles de ganancia, con el menos de resistencia posible de parte de los grupos sindicales en la defensa de derechos, pero sobre todo en el sostenimiento imperecedero del modo de producción capitalista, caracterizado por la explotación y la formación de plusvalía.
Es así que los sectores gremiales empresariales juegan el papel de cooptación de las dirigencias sindicales para sostener una forma de producir que le sostenga su ganancia, y por ello se garantizan de cooptar los espacios tripartitos apoyados por lo representativo gubernamental—en lo concerniente a la contracción de los salarios mínimos, la vivienda, la salud, la formación profesional, la educación y las pensiones, entre otros.
Hay claras acciones como la flexibilidad y desregulación laboral, para mantener a un nivel muy bajo los derechos socio-laborales y la protección social, la precarización como consecuencia hace que mucho de las condiciones laborales, vayan en caída constante, pero en cambio se genera una fuerte acumulación y concentración de la riqueza en los grupos empresariales dominantes, que cada vez son más reducidos, pero que van en procesos de mayores niveles de ganancia—sectores que son claves para sostener el régimen político; y garantizar la concentración y no distribución democrática de la riqueza producida.
Los sindicatos en el sector privado son escasos, y los que aún se sostienen manifiestan un arraigo de venalidad y poco compromiso con la clase trabajadora. Hay un ambiente laboral totalmente inequitativo y desigual, producto de un claro sometimiento a la patronal y un ejercicio autoritario, jerarquizado e impuesto, que dificulta sostener de manera progresista relaciones laborales que den un desarrollo productivo y humano para el empresario y para la persona trabajadora respectivamente.
El sector de la construcción ha sido identificado para impedir organización sindical, no obstante es el de mayores avances en la contratación colectiva, aun cuando esto depende de convenciones colectivas aparentes, en tanto “no existe” organización sindical del empresario. Sin embargo hay relaciones laborales que llevan a acordar condiciones laborales aceptables para ambas partes.
CASALCO, la gremial empresarial, el SUTC y los otros sindicatos en el sector de la industria de la construcción, afines en el ramo, llevan a que gobiernos también se interesen en controlar los factores que rigen la obra pública, la vivienda, la infraestructura en general, el control institucional del Fondo Social para la Vivienda en las políticas habitacionales—lo que representa una fuerte cooptación por los grupos empresariales asociados o no a la gremial de la ANEP.
En el sector público, en lo que es hoy, se manifiestan cooptaciones sindicales en el órgano judicial, a partir de que los magistrados provienen de elecciones secundarias en una Asamblea Legislativa hoy cooptada por la oposición; y se piensa que no es neutral en la aplicación de la justicia al respecto del gobierno de Bukele, quienes han dispuesto de resoluciones que supuestamente llevan a perjudicar la gestión del ejecutivo, eso no es nuevo y lo vimos igual en el período del fmln, período donde las disputas que se presentaron también implicaron la imposición del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y supuestas prerrogativas de contratación colectiva a cambio del apoyo sindical. Al parecer el objetivo hoy es conformar frentes o coordinaciones ciudadanas, supuestamente amplias, para implicar intereses como en el caso una reforma constitucional.
*Sindicalista salvadoreño
