Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Son definidas por la capacidad de incidencia político económica del grupo que se promueve, por medios lícitos o no y en el ánimo de granjearse cuotas de poder. La historia humana se nutre de tales hechos, que son ahora más evidentes que nunca.
Para el caso y en nuestro país, el acercamiento de políticos a grupos religiosos de corte pentecostalista que vemos en el marco de los procesos electorales y durante eventos público, tienen la intencionalidad de granjearse el apoyo de tales grupos, por el número de sus miembros, quienes además aceptan dicho arreglo por razones materiales.
El caso boliviano lo descubre con crudeza.
Por otro lado y siempre en el marco de los procesos electivos, los diversos partidos y para asegurarse la victoria en los comicios [las negociaciones de Norman Quijano expuestas por la FGR, cuyo antejuicio fuera impedido por el legislativo, así como las anteriores treguas lo hacen patente], evidencian las negociaciones con las pandillas, a cambio de beneficios para los grupos irregulares que lo aceptan, mientras los partidos se agencian el patrimonio estatal que entonces utilizan para satisfacer los propios intereses.
Tampoco el actual ejecutivo escapa a tales arreglos ilegales, pues varias investigaciones adelantadas por algunos rotativos, de conocimiento público como por la FGR -que ya ha anunciado investigaciones sobre el tema-, evidencian los tratos que éste tiene desde sus días como alcalde de San Salvador con las pandillas, lo que, de acuerdo a la investigación en cuestión, se habría mantenido hasta el presente para garantizar la actual tregua, con vistas a lograr dominar los próximos comicios para hacerse con el control del legislativo.
Es decir; las negociaciones con grupos delictivos no son patrimonio de ninguna de las fuerzas políticas en nuestro país, puesto que la evidencia apunta a que todas ellas en algún momento las han realizado, a espaldas del soberano, pasando por alto la norma vigente, comprometiendo recursos del estado y sin dar más salida al tema que la electoral.
La negociación en sí misma no es el problema, sino la opacidad con la que se realiza, que además deja entrever turbios arreglos entre las partes, con beneficios materiales para unos y otros, mientras que el soberano sigue siendo esquilmado por políticos y grupos irregulares, pagando la cuenta mientras sufre más violencia.
Dicho de otro modo; los arreglos electoreros que bajo la mesa se celebran, no atenderán jamás desde el interés electoral el origen de la problemática de inseguridad que padecemos, que es la exclusión y la marginación estructurales que primero echara del país durante el conflicto armado a quienes luego conformaron refugiados en California, a las pandillas, en aquellos guetos latinos, de donde fueron más tarde repatriados, reafirmándose en el circulo de violencia social que les recibiera y que primero las expulso, por lo que son victimarios que deberán ser procesados, pero también víctimas, por lo que la negociación, además de transparentarse, debe incluir la supresión de las causales que dan lugar a su existencia, para así construir los medios que aseguren su reinserción.
*Educador salvadoreño
