Según el “Informe Nacional del Estado de los Riesgos y Vulnerabilidades” publicado en el 2017 por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un 88 % del territorio salvadoreño es de alto riesgo. Sobre esa superficie se asienta el 95% de la población, lo que convierte al país en uno de los más vulnerables del mundo.
Ante esta situación de vulnerabilidad, Caleb Padilla, presidente de la organización “Un Pulmón Más El Salvador” plantea que el Gobierno debe realizar un estudio que profundice las nuevas zonas vulnerables e identifique la calidad de los suelos con el fin de contrarrestar los riesgos para la población. Además considera que los permisos para construir proyectos urbanísticos aumentan la vulnerabilidad ambiental del país.
Padilla recomienda a la población asumir un rol más protagónico e involucrarse en la protección del medio ambiente y en la lucha por contrarrestar la problemática.
Actualmente, el país cuenta con una Ley de Medio Ambiente aprobada en 1998 y reformada en el 2012, donde se incluyó la creación de los Juzgados Ambientales y la Cámara Ambiental.
Pese a que la ley estipula regulaciones ambientales, no ha logrado reducir significativamente la vulnerabilidad ambiental en los territorios. Como consecuencia las familias de las comunidades más pobres continúan siendo afectadas. Un ejemplo es el reciente deslave en Nejapa.
