Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Golpe de Estado en proceso, es el fenómeno político que está viviendo El Salvador: inició con la toma de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero y culminará, con las elecciones del 2021. Este proceso ha ido acentuándose, pero por su forma atípica, dilatado contra él, la reacción natural, por parte de la oposición y de los organismos internacionales.
El proceso, aún es reversible, pero exige una reacción conjunta y masiva que seguramente, generaría reacción violenta por parte del Gobierno, pero que tendría que ser sufrida, si se quiere preservar el sistema de vida actual, bajo el régimen republicano y democrático.
Incumplir diferentes sentencias, desobediencia de la PNC a la Fiscalía General de la república, capturas fuera de lo establecido por el Código Penal, impedir por la fuerza, el trabajo de la Corte de Cuentas de la República y, amenazar con cárcel a sus miembros, interrumpir intencionalmente con el funcionamiento de las Municipalidades, es en conjunto, la anulación del Órgano Judicial; asumir las funciones Legislativas, limitar la autonomía Municipal y, realizar sus funciones fuera del mandato constitucional, por parte de los funcionarios del Órgano Ejecutivo, es un rompimiento a la Constitución, es decir, del sistema democrático y republicano: cúmplense así, las condiciones del Golpe de Estado.
El anuncio de que el estudio de la reforma de la Constitución, se hará del Artículo 83 al 120 y, abarcará el sistema de Gobierno, el régimen económico y la reelección, estudiando el Articulo 248, sobre la forma del sistema de reforma constitucional, significa que dicha reforma, se hará en una discontinuidad de la misma, por lo que la Constitución, ya no será el marco legal para dicha reforma, sino el ejercicio de la arbitrariedad, defendida por la fuerza. Reafirma esta situación, que un Golpe de Estado, se ha dado ya.
La existencia de la institucionalidad, pero inoperante (Órgano Judicial, Asamblea Legislativa, Ministerio Público, Corte de Cuentas) es porque el proceso de Golpe de Estado, está en desarrollo, pero ya se rumora, que los titulares del Órgano Judicial, Ministerio Público y Corte de Cuentas, serán removidos de sus cargos, al entrar la próxima Asamblea Legislativa.
El ciudadano debe entender que, la escasa protección recibida contra las arbitrariedades del Ejecutivo, por parte de las distintas autoridades, es por la vigencia de la actual Constitución, con su ordenamiento secundario y, si esta desaparece, toda protección será imposible, pues el Ejecutivo, está planificando a su medida, la nueva Constitución.
Existe la creencia, de que no puede darse un cambio abrupto, porque la comunidad internacional intervendría, pero no es así: lo primero es la manifestación de la voluntad soberana, en contra de la tiranía. En el presente, los ataques de Bukele a congresistas norteamericanos y, el desprecio de nuestra embajadora nominada a dicho país, quien arremete contra los funcionarios de política exterior de aquel país, es el reto que Bukele lanza, en la seguridad de que no habrá en su contra, reacción interna de la oposición a los cambios que ya operan, lo que crearía un distanciamiento internacional.
En un programa de opinión, se llama a la PNC, “policía política” y, se explica el proceso seguido para convertirla en ente de represión. Iguales circunstancias pueden señalarse de la Fuerza Armada, poniéndola en serio peligro de existencia, si Bukele llegase a perder el poder ante exigencia generalizada, por la desobediencia civil o similar.
Los partidos políticos deben saber que, aunque obtengan un triunfo electoral legítimo, muy difícilmente será reconocido por el Gobierno y éste, alegará fraude. Hoy es oportunidad de la sociedad civil, gremiales y pueblo en general, de defender la República, conservando su tradicional modo de vida.
