El 04 de noviembre la sección de correspondencia de la Asamblea Legislativa recibió un proyecto de ley del general Mauricio Ernesto Vargas, diputado del partido ARENA. La pieza de correspondencia busca un dictamen favorable para que se emita la Ley de Seguridad Nacional de la República de El Salvador.
Un día después, la pieza fue conocida por el pleno legislativo y sin haber ingresado a una comisión para su estudio, de entrada, obtuvo el visto bueno de los diputados de partido PCN, Mario Ponce, Raúl Beltrán Bonilla y Antonio Almendáriz. Del partido ARENA, además del general Vargas, tuvo el respaldo del diputado Ricardo Velásquez Parker. El 9 de noviembre la propuesta fue abordada en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Ahí logró el respaldo del diputado Leonardo Bonilla.
La propuesta de una Ley de Seguridad Nacional levantó la alerta en instituciones y organizaciones defensoras de derechos humanos dado que su contenido tiene una visión militarista encubierta tras la máscara de desarrollo nacional mediante el logro de objetivos nacionales que vendrían a garantizar los derechos de los salvadoreños. Al menos así lo dice la propuesta de ley cuando se refiere a que es “una política pública en la que bajo la dirección del Ejecutivo y con la cooperación de los demás Órganos de Estado… se unifican esfuerzos para garantizar el goce de los derechos fundamentales, así como contar con la certeza de que todo funcionará coordinadamente ante cualquier forma de antagonismos, amenazas, riesgos o vulnerabilidades que afecten su normal desenvolvimiento”.
El diputado Vargas aseguró durante la sesión plenaria del 05 de noviembre que la propuesta de ley “no tiene que ver con seguridad desde el punto de vista de policías y militares” y justificó que “no hay desarrollo sin seguridad y no hay seguridad sin desarrollo” al referirse a que esta ley lleva un enfoque de desarrollo de la economía, de la parte política y social. Sin embargo, al analizar la propuesta se percibe la presencia militar en casi todos los campos de acción.
Políticas y estrategias de Seguridad Nacional las decidirá el presidente
La Seguridad Nacional de la que habla el diputado Vargas se concretaría en políticas públicas que estarían bajo la dirección del presidente de la República con la cooperación de los demás Órganos del Estado. El Consejo de Seguridad Nacional (COSEN) sería el organismo superior en materia de seguridad nacional integrado por el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, órganos enfrentados actualmente.
Para Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) el proyecto de ley, de entrada, presenta vicios de inconstitucionalidad, que de aprobarse tal como se ha presentado de seguro tendría una reacción de parte de la Sala de lo Constitucional.
La propuesta al plantear entidades como el Consejo de Seguridad Nacional (COSEN) otorga facultades más allá de la Constitución de la República. Además, otorgaría demasiado poder al presidente.
En el COSEN estarían los ministros de Seguridad y Justicia, Defensa Nacional, Hacienda, Relaciones Exteriores, Gobernación y el director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), organismo que daría el aval para la contratación de personal de confianza. La dirección de la política y estrategia de seguridad nacional quedaría en manos del presidente de la República.
El proyecto de ley da la impresión de que traerá estabilidad y unificará a las instituciones en la toma de decisiones al incorporar en el COSEN a los tres órganos de Estado, una coordinación que por hoy no existe. También da la impresión de que habría control de parte de la oposición en las decisiones que podría tomar el presidente. Pero un aspecto que hay que tomar en cuenta, según Manuel Escalante, Sub-director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, (IDHUCA), es que a partir del 28 de febrero de 2021 la Asamblea Legislativa tendrá cambios, luego habrá un nuevo presidente en el parlamento y un nuevo presidente en la Corte Suprema de Justicia elegido por la nueva Asamblea Legislativa.
El escenario que pinta el proyecto de ley de pesos y contrapesos, importante en una democracia, no necesariamente podría cumplirse, todo lo contrario, podría perderse la visión de control de la oposición y crear un único control con perspectiva presidencialista, opina Escalante.
La propuesta presenta cinco ámbitos de aplicación: Desarrollo nacional, seguridad interior, seguridad exterior, protección civil, prevención y mitigación de desastres y ciberespacio. En cuatro de los cinco ámbitos hay un papel activo de la Fuerza Armada.
En el ámbito de seguridad exterior está incluida la defensa nacional que es un aspecto meramente militar, pues corresponde a la defensa de la soberanía nacional. La seguridad interior corresponde a la seguridad pública. Aquí se utilizará a la Policía Nacional Civil como la capacidad disuasiva de Estado para mantener el orden público. Pero el artículo 23 de la propuesta enfatiza que cuando la amenaza sobrepase la capacidad de la policía y esto impida la gobernabilidad se empleará a la Fuerza Armada.
En cuanto a la protección civil, la Fuerza Armada mantiene su papel de auxiliar a la población en caso de desastre nacional. En el tema de riesgos y seguridad interna ya existe disposición constitucional que permite la participación de los militares, pero de manera temporal. El proyecto de ley, aunque establece que la participación de los militares será tal como lo define la Constitución deja ver un papel más activo de la Fuerza Armada.
En el ámbito de la ciberseguridad, aunque la propuesta no lo define, los documentos creados en el Colegio de Altos Estudios Estratégicos (CAEE) que se prevé sean la base de la Ley, dejan ver que la ciberseguridad es un tema militar. Un ejemplo de ello es el libro titulado “Visión Estratégica El Salvador 2030” del coronel Fredi Antonio Sánchez y Daniel López Fuentes. En la página 56 plantean la necesidad de que en el país se cree una unidad militar que tenga un sistema integrado contra las ciber amenazas. De ahí que la opinión de Manuel Escalante es que la Ley de Seguridad Nacional que se supone busca el desarrollo del país tiene una presencia militar proactiva.
La propuesta en apariencia busca el desarrollo social opina, Saul Baños de FESPAD, pero desde su punto de vista no solo se percibe mucha concentración de poder en el presidente y miembros del ejército, sino un control social que podría restringir libertades ciudadanas.
El militarismo impregnado en la propuesta no solo se observa en los componentes de la ley, sino en la añoranza de algunos diputados por volver a los gobiernos del Partido de Conciliación Nacional de los años 60 y 70.
Así lo dejaron ver las reflexiones de los diputados del PCN, Mario Ponce, Raúl Beltrán Bonilla, Antonio Almendariz y del diputado de ARENA Ricardo Velásquez Parker durante la sesión plenaria de 05 de noviembre, cuando respaldaron la propuesta de Ley de Seguridad Nacional.
“Ningún gobierno posterior al del PCN ha podido superar la visión de desarrollo y de bienestar que construyó el PCN”, dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, durante la sesión plenaria del 05 de noviembre. “Hoy lamentamos lo que perdimos en esa época floreciente… Pero nunca es tarde para reflexionar”, agregó. El discurso de Ponce deja ver su interés por volver a los tiempos de gobierno del PNC, tiempos donde también hubo dictadura militar y bajos niveles democráticos.
Al discurso del presidente del Órgano Legislativo se sumó el de otros diputados del mismo partido político que externaron su deseo por regresar a la época militarista.
Tal como lo perciben los parlamentarios pareciera ser que solo bajo el mando militar, volviendo a los tiempos de “conciliación nacional” podría lograrse el verdadero desarrollo nacional.
Para Manuel Escalante el proyecto de ley permite advertir que los actores que vendrían a darle estabilidad al sistema son los militares junto a la policía, pero dado los antecedentes nada nos garantiza que los cuerpos de de seguridad respeten el orden jurídico, reflexionó.
El componente militar también estaría presente en la asesoría que darían los integrantes del Colegio de Altos Estudios Estratégicos (CAEE) cuando se debata la propuesta en la comisión.
El CAEE es el centro de estudios en materia de Seguridad, Desarrollo y Defensa Nacional de la Fuerza Armada de El Salvador y pertenece al Estado Mayor. Los diputados Ricardo Velásquez Parker de ARENA y el diputado independiente Leonardo Bonilla, son exalumnos del colegio y recomiendan que se tome en cuenta la opinión del director y alumnos del colegio al momento de debatir la propuesta.
Los documentos producidos por militares del colegio servirán de base al momento de poner sobre la mesa la propuesta. El CAEE tiene “las tesis ya armadas, ya planteadas solo para venir” … Ya hay un marco de construcción del Colegio de Altos Estudios Estratégicos, que, para mí, son los expertos en la materia”, dijo el diputado Velásquez Parker. Mientras Bonilla recordó que “existen trabajos de graduación donde se hizo el planteamiento de una Ley de Seguridad Nacional”.
La recomendación de los diputados de tener de base los documentos del Colegio de Altos Estudios Estratégicos no es descabellada. Pareciera que la ley quiere ir de la mano con la visión militar sobre el tema de Seguridad Nacional. El libro titulado “Visión Estratégica El Salvador 2030” que se encuentra en la página web del CAEE propone una planificación a largo plazo en el país. El documento habla de las áreas de misión de El Salvador para 2030 y coincide con la propuesta de ley en cuanto a proteger la soberanía nacional no solo del espacio aéreo, terrestre y marítimo sino el ciberespacio.
También hace referencia a que el pensamiento estratégico militar de El Salvador tiene que evolucionar de un pensamiento conservador a un modelo de innovación de ideas ante los nuevos posicionamientos geopolíticos. “En muchos casos no se distinguirá entre el papel político, el control de las economías y el control de las Fuerzas Armadas”, cita el documento del CAEE.
Hasta en la obtención de recursos financieros para El Salvador el documento resalta el liderazgo de las Fuerzas Armadas y señala que deberá estar sustentado en “las relaciones estratégicas del liderazgo de la Fuerza Armada, con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo”. Esta relación entre los tres Órganos de Estado y la Fuerza Armada alineada en los campos de acción queda planteada en el proyecto de ley.
Por 20 años los próximos gobiernos deberán cumplir las estrategias de Seguridad Nacional de manera obligatoria
El artículo 21 del proyecto de ley desarrolla el enfoque de seguridad nacional visto como desarrollo de país. Señala la necesidad de un plan de gobierno que incluya la mejora y modernización del sistema de educación nacional, sistema de salud, servicios públicos. Además, deberá buscar la creación de fuentes de trabajo, revisar remuneraciones acordes al costo de la vida, modernizar instituciones públicas y revisar periódicamente la previsión social de la población.
En ese sentido la Ley buscaría crear un plan nacional para evitar las improvisaciones. El diputado Mauricio Vargas puso como ejemplo proyectos del actual gobierno como el tren del pacifico y el aeropuerto de oriente. Obras que no se construyen en 5 años, que trascienden personas y periodos. La reflexión del militar quedó plasmada en el artículo 20 donde propone crear políticas públicas de desarrollo nacional a 20 años. Estas políticas serían de obligatorio cumplimiento para los próximos gobiernos que asuman durante ese período.
Manuel Escalante, subdirector del IDHUCA, es de la idea que este artículo amarra a cualquier gobernante independientemente del partido que sea, ya que “tiene obligatoriamente que crear un plan de gobierno que venga a responder a las finalidades de esa ley”, dijo.
En cuanto al componente de desarrollo nacional que aborda el proyecto de ley, Escalante opina que busca compensar las últimas dinámicas de la política nacional. “Hemos podido ver un gobierno que no tiene claridad en su plan de gobierno ni en sus políticas públicas… Además, un gobierno que no articula con otros Órganos de Estado. Esta ley supuestamente vendría a compensar esa deficiencia”, opina Escalante. Sin embargo, la propuesta se centra en resolver el problema político, pero no aborda el problema democrático del país.
Por otra parte, Abraham Ábrego de la organización de derechos humanos Cristosal opina que al proponer políticas y estrategias a 20 años “se condena a otras generaciones y a gestiones futuras a una visión de gobierno determinada”. Pero además resalta que la propuesta no toma en cuenta la participación ciudadana en la construcción de la política o estrategias de seguridad nacional.
Proponer una política a 20 años no tiene sentido opina Abrego, ya que la realidad cambia constantemente y la política de seguridad nacional tiene que estar ajustada a los escenarios cambiantes.
Ley atentaría contra derechos humanos: Consejo reservaría información y decisiones se tomarían sin participación ciudadana ni rendición de cuentas
El anteproyecto de ley manda el mensaje de que solo los órganos de Estado resolverán los problemas del país, pero omite la participación ciudadana. Es contradictorio porque sin participación ciudadana no se puede concebir el desarrollo nacional, opina Manuel Escalante, subdirector del IDHUCA.
Aunque el artículo siete menciona que quienes dirijan el Sistema de Seguridad Nacional harán consultas a organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y organismos internacionales, con el objetivo de informarse para tomar decisiones, el proceso de deliberación y toma de decisiones se hace a puerta cerrada. “No es una estructura ni un funcionamiento pensado de cara a la ciudadanía”, reflexiona Escalante. No se percibe el aspecto de transparencia.
El anteproyecto de ley cierra la posibilidad a la rendición de cuentas, ya que las reuniones, actas y documentos del Consejo de Seguridad Nacional serán confidenciales, según el artículo siete.
De entrada, reserva la información de acuerdo al artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Publica y deja claro que la información incluso podría clasificarse como secreta o ultrasecreta.
La ley tendrá carácter especial y “estará sobre todas aquellas leyes que la contradigan”, cita el artículo 38. Al ser el Consejo el que reserve información, incluso la Ley de Seguridad Nacional podría anular la Ley de Acceso a la Información Pública, explicó el subdirector del IDHUCA.
En este mismo punto Saúl Baños de FESPAD concuerda en que la Ley de Seguridad Nacional podría estar por sobre la Ley de Acceso a la Información Pública al declarar la información como secreta. La reserva de información no está acorde a una ley que se supone busca el desarrollo nacional y el bienestar de los ciudadanos.
La facultad de clasificar y desclasificar información que la ley le otorgaría al Consejo de Seguridad Nacional choca con el derecho de acceso a la información pública, opina Abraham Ábrego de Cristosal. Ese es uno de los derechos humanos que estaría en riesgo
En esa misma línea de reflexión la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) Liduvina Escobar señala que la competencia que la Ley de Seguridad Nacional le daría al COSEN ya la tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública. Declarar la información como secreta y ultrasecreta impactaría en el derecho de los ciudadanos de acceder a la información que maneje dicho Consejo.
La comisionada considera que el artículo 32 usurparía algunas competencias del Instituto.
Por otra parte, el proyecto de ley no define ampliamente los conceptos de seguridad nacional y el desarrollo nacional. Al regularse de manera general y justificar la intervención punitiva del Estado puede dar lugar a abusos de poder, señala Abraham Ábrego de Cristosal. Él se refiere al artículo 36 que dice que “todo funcionario civil o militar…así como las instituciones u organizaciones nacionales o extranjeras que realicen acciones que alteren las disposiciones constitucionales se considerarán que atentan contra la seguridad nacional y habrán cometido los delitos relativos a la existencia, seguridad y organización del Estado y serán juzgadas de acuerdo con el Código Penal”.
Según el representante de Cristosal, si la ley considera que alguien atenta contra la seguridad nacional o desarrollo nacional podría cometer una infracción al marco legal y ser sujeto de una intervención punitiva y hasta una represión. Este riesgo se corre, ya que la propuesta tampoco hace alusión al concepto de seguridad democrática.
La propuesta de ley presenta algunos errores conceptuales a opinión de Saúl Baños de FESPAD, pero más allá de eso representa una seria regresión al proceso de democratización del país. De aprobarse instauraría un régimen de control social que podría ser lesivo a los derechos humanos y contradictorio a lo que establecen los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Otro riesgo de esta propuesta es que choque con otras leyes. La propuesta incorpora el campo de la Defensa Nacional, pero ya existe la Ley de Defensa Nacional aprobada en 2002 que contiene elementos similares a los que propone el proyecto. También existe la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, pero la propuesta incorpora este elemento.
Se corre el riesgo de desnaturalizar el carácter civil en el manejo de desastres, señala Abraham Ábrego de Cristosal. Bajo este nuevo concepto el tema de protección civil lo manejaría el sistema de Seguridad Nacional, pero bajo una óptica que podría ser más militar.
El Salvador ya cuenta con leyes específicas para buscar el desarrollo económico y social opina el representante de FESPAD Saúl Baños. La ley que propone el diputado Mauricio Vargas vendría a ser una ley exclusivamente de control social, pero con apariencia de desarrollo nacional.
La propuesta en apariencia vendría a darle estabilidad al sistema político, mediante un plan de gobierno con objetivos permanentes, según Manuel Escalante del IDHUCA, pero más allá de eso la propuesta de ley reconoce una participación militar proactiva dentro del sistema político salvadoreño.
Para Escalante también preocupa que la propuesta de ley haya sido presentada por un miembro de “La Tandona”. “De esta ley lo que me preocupa, además de quien la presenta es que sea una ley lobo vestida de oveja”, concluyó.
