Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, al norte del Departamento de Morazán, en el marco de un operativo del ejército de El Salvador, se llevaron a cabo una serie de masacres sucesivas, que resultaron en el asesinato de alrededor de mil personas, casi la mitad fueron niñas y niños.
A 39 años de la masacre, el Director de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia, Pedro Martínez informó a los abogados representantes de las víctimas, que este año no entregarán los restos exhumados en 2016. El forense afirmó que “no los han analizado después de 4 años”. Esta acción se suma al bloqueo de archivos militares relacionados a la masacre de El Mozote y lugares aledaños por parte del presidente de la República, Nayib Bukele y de la Fuerza Armada.
José Cruz Vigil, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de El Mozote, dijo que este tipo de acciones solo apoyan la impunidad.
El 25 de octubre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la responsabilidad del Estado de El Salvador sobre los hechos denunciados y las violaciones a derechos humanos perpetradas por la Fuerza Armada salvadoreña en El Mozote. Para 2020, el caso sigue en la fase de ejecución de la sentencia, por lo que podría haber sanciones para el Estado salvadoreño, según Wilfredo Medrano, abogado de la Asociación de Derechos Humanos “Tutela Legal Dra. María Julia Hernández” y querellante en el caso El Mozote y Lugares Aledaños.
Las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños y las instituciones que las acompañan piden justicia por esta masacre considerada la más grande de América Latina en la historia reciente, pero también piden justicia por las miles de víctimas de otras masacres y por las personas desaparecidas durante el conflicto armado en El Salvador.
