Por: Róger Hernán Gutiérrez*
Algunos sectores sociales piensan que hay una guerra entre Ejecutivo y el Legislativo— por intereses totalmente irreconciliables y opinan que es difícil que pudieran en algún momento ponerse de acuerdo.
Además, se dice que la contradicción radica en la falta de acuerdos entre capitales—el capital oligárquico tradicionalmente dominante en todos los campos de la sociedad salvadoreña y un grupo de la pequeña burguesía, representada por Bukele y aliados.
El asunto que trataremos hoy tiene que ver con esa aparente disputa entre órganos, cuando se trata de no beneficiar a la clase trabajadora o al pueblo, los acuerdos surgen por arte de magia y facilitan toda tramitación en tiempo y discusión ahorrándoles a los contribuyentes, horas, semanas y años de total esterilidad en el funcionamiento de ambos órganos.
Recientemente una petición del Ejecutivo—expresamente del flamante Ministro de Trabajo, el Sr. Castro, enviando una cuestión vital en lo laboral, referido a aplazar la vigencia y aplicabilidad del art. 42 Constitucional, referido a la obligación de instalar salar cunas y centros de cuidado infantil—guarderías—en el caló más elemental, en las empresas para beneficio de la clase trabajadora.
Como siempre el acuerdo fue expedito y casi espontáneo de dar prórroga a su efectivo cumplimiento y aplicación, tomando una decisión exprés de enviarlo para ene/2022 y, lo más triste del caso sin ofrecer opciones alternativas para suplir el vacío enorme que viene desde 1983, tiempo suficiente, donde los flamantes diputados se han pasado a la constitución por todo el infierno de sus entrañas, haciendo atropello del derecho constitucional que pretende dar una buena protección social para los hijos e hijas de muchas personas trabajadoras, hombres y mujeres que necesitan que sus hijos(as) estén seguros en su desarrollo bio-psico-social; y que el Estado a partir de la imposición del modelo económico imperante y su doctrina neoliberal, ha dejado de ser útil para cumplirlo a cabalidad.
La evidencia es abrumadora—con excepción de la fracción del FMLN, que razonó mejor la situación y en silencio poco perturbador no acompañó tal decisión de prorrogar más tal asunto laboral. Las demás fracciones partidarias simplemente volvieron a ponerse en contra de los intereses más sagrados para la ciudadanía, a quien se le exige por el capital explotador laborar en condiciones precarias, y jornadas extenuantes que impliquen la producción deseable para obtener ganancias excesivas, sin responder a las necesidades básicas y vitales de cuido, seguridad y tranquilidad para el desarrollo de niños y niñas en los hogares de las clases populares.
Como siempre el aparato del Estado funciona a la “perfección” cuando de no mejorar condiciones de protección social se trata, cuando el capital ruge preocupado porque ya no tiene la normalidad económica que le ha permitido históricamente acumular enormes ganancias—160 grupos corporativos se llevan el 85% del producto interno bruto—y a la hora de darle cumplimiento al artículo 42 constitucional, el cual han venido omitiéndose aplicar, en tanto sus representantes en el seno legislativo jamás intentaron aprobar la regulación que la Cn. mandataba es decir la Ley Especial para la regulación e instalación de salas cunas para los hijos(as) de las personas trabajadoras; y han tenido que pasar 37 años, para que a todo ese cuerpo legislativo le observaran la omisión de ese derecho.
Lo grave insistimos no sólo es un aplazamiento más del derecho constitucional que ha venido siendo incumplido y violentado en tanto la omisión es declarada por la Sala de lo Constitucional, sino por cuanto no se da ninguna opción alternativa que vaya paliando el costo-beneficio de no otorgar dicho derecho por larga data.
Fueron 48 votos—es decir 57% del plenario legislativo votó—porque se pospusiera la regulación e instalación, debido principalmente al costo que implicará su cumplimiento—ello de acuerdo a los diputados(as) “conscientes” a que muchas empresas se encuentran afectadas por el problema de la pandemia, y suman que una cuestión de tal naturaleza afectaría en términos de la falta de bioseguridad para los infantes. Sin embargo si se hace una inspección laboral objetiva o se hacen las diferentes entrevistas y encuestas sobre esta necesidad—pensamos que los aplazamientos sólo sirven para darle largas a un asunto de incumplimiento constitucional por parte de las empresas. Hay ya guarderías funcionando—municipales, institucionales y privadas—hoy infuncionales por la pandemia.
En consecuencia el famoso estado de derecho con el que se rasgan las vestiduras muchos tinterillos que defienden los intereses del capital o asociaciones de abogados que están comprometidos con ese estado de derecho favorecedor de los intereses empresariales no dicen nada. Lástima que ayer como hoy la posposición dolosa de una toma de decisiones ética y responsable de parte de diputados(as) ha tenido de nuevo éxito, y esta vez con el contubernio declarado con el ejecutivo.
*Sindicalista salvadoreño
