Por: Miguel A. Saavedra
Al incumplirse el ordenamiento jurídico, por causa de las acciones del Gobierno, crease un ritmo diferente, entre el jurídico y el político, alejándose de la gobernanza, desarrollando un ambiente de ejercicio de la fuerza y, de distanciamiento del sistema democrático mundial.
La gobernanza es la interacción y acuerdos, entre gobernantes y gobernados, para solucionar conflictos sociales, creando las oportunidades para el desarrollo sostenible. En El Salvador, no se da tal situación, porque el Gobierno genera la ingobernabilidad, para lograr el control absoluto de la población, mediante su incumplimiento de la ley: esto causa el reclamo internacional, pues la cooperación extranjera, se da conforme a la ley y por ello, hay reticencia de continuarla. El Gobierno exige que sea en sus términos. y no, dentro del concierto democrático internacional.
La gobernanza procura que exista un engranaje fluido, en base a la normativa jurídica y la participación ciudadana, creada por el sistema democrático, dentro de un equilibrio geopolítico, con otros Estados.
Y si el Gobierno incumple la ley, no por mala interpretación ocasional de la misma, sino por generalizado cambio de concepto, para realizar en su beneficio, una lucha política, consolidar su poder y alejarse del concierto internacional que lo señala como dictador, pide que se acepte su concepción autoritaria o que, buscará la ayuda de regímenes diferentes, al modelo democrático.
Por ello, se marcan dos ritmos diferentes: la del derecho y las de acciones políticas del Gobierno. Las primeras van a la zaga, pues el mecanismo jurídico busca la certeza, mediante el procedimiento; el Gobierno quiere el dominio político y, al haber fallado el control constitucional de la Fuerza Armada y, haberse vuelto ineficaz la coacción policial, se hace aún más lento, el mecanismo jurídico. Se ha revelado que el dinero sí existe, pero el Ejecutivo no quiere entregarlo, considerándolo su patrimonio. Asegurar que hay dinero para pagar el FODES, pero ha hecho que la Corte de Cuentas de la República, no pueda acceder a las cuentas del Ministerio de Hacienda, por lo cual, no puede saberse con certeza, si aún existe la contrapartida para FOMILENIO II; las acciones del Gobierno son propias, para incumplir dichos acuerdos y, buscar un alejamiento de los Estados Unidos, debido a sus continuos señalamientos por el rumbo autocrático que lleva el país.
El Ejecutivo, al negar los fondos a las Alcaldías, busca que colapsen las pequeñas, para causar daño electoral a sus Consejos Municipales, pues sólo pueden superar tal contingencia los municipios populosos, aunque rompiendo el principio de autonomía municipal; pone trampa a los Alcaldes, para que usen fondos que tienen diferente destino específico y, poder acusarlos de malversación. Todas estas acciones, rompen el principio de gobernanza en el país. El actuar más lento del sistema judicial, impide que haya justicia y, si ésta exige la actuación de la PNC, la cual no se da, el sistema falla. El ejemplo más claro, ha sido la negativa de cumplir el apremio de la Asamblea Legislativa, que hubiese permitido saber sobre las finanzas del Estado o, que la Corte de Cuentas de la República y la Fiscalía, actuaran con más celeridad, por la información oportuna.
La prisa del Gobierno por llevar al país, a un nuevo orden constitucional, pretende evitar que las ilegalidades cometidas actualmente, puedan en el futuro, ser sancionadas; no obstante, lo más peligroso, es la manipulación que quiere hacerse de la Fuerza Armada y, las demás instituciones públicas, que en el futuro serían, el verdugo de los salvadoreños, sin que los señalamientos internacionales pudiesen hacer mella en el Gobierno.
