La semana pasada, Mauricio Arriaza Chicas renunció a su cargo como Viceministro de Seguridad Pública para no enfrentar el antejuicio en la Asamblea Legislativa, por incumplimiento de deberes y desobediencia. Ahora la decisión se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República para que el funcionario, quien sigue fungiendo como Director de la Policía Nacional Civil, enfrente la justicia directamente en los tribunales.
Además, en la Asamblea Legislativa se fragua una nueva ley de Seguridad Nacional, que más allá de la militarización de las calles, tiene el riesgo de cambiar la dinámica del sistema político, el cual podría militarizarse es decir, que al ejecutar las decisiones gubernamentales se imponga el talante militar.
Para el sub director del IDHUCA y coordinador general del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, OUDH, Manuel Escalante, estas situaciones son el reflejo de que fallaron las garantías de no repetición tras la Firma de los Acuerdos de Paz en 1992.
Por otra parte, el tercer boletín trimestral del OUDH, de julio a septiembre de 2020, registra 370 muertes violentas, un aumento del 33.21% respecto al trimestre anterior.
Para Escalante, la población sigue en un ambiente de inseguridad.
Escalante recomendó a la población mantenerse debidamente informada, contrastar los datos que le llegan por distintos medios a fin de estar alerta para defender sus derechos humanos; además, hizo énfasis en mantener la memoria histórica, para que no se vuelvan a cometer los hechos de violencia perpetrados principalmente por cuerpos de seguridad pública, tanto durante la guerra, como en la posguerra.
