La semana pasada se conmemoró el 39 Aniversario de la Masacre de El Mozote, la peor matanza de civiles cometida en el hemisferio occidental durante la segunda mitad del Siglo XX, en la que fueron cruelmente asesinadas más de mil personas, casi la mitad de ellas niñas y niños.
El horrendo crimen fue perpetrado por orden del alto mando militar de aquella época y ejecutado por el tenebroso Batallón Atlacatl, entrenado por el gobierno de Estados Unidos en la ominosa “Escuela de las Américas”.
La recordación de este execrable crimen lesa humanidad sucede mientras se lleva a cabo el histórico juicio en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, donde por primera vez han sido puestos en el banquillo de los acusados varios autores intelectuales y materiales.
El proceso judicial, sin embargo, tiene su principal obstáculo en la negativa de Nayib Bukele de permitir el acceso a archivos militares que contienen información valiosa sobre el caso. Con la venia del presidente, la cúpula castrense bloqueó el acceso a los cuarteles y demás instalaciones de la Fuerza Armada que debían ser inspeccionadas.
Esto, a pesar de que el mandatario ofreció a las víctimas apoyo en su lucha. En junio del año pasado, poco después de asumir su cargo, Bukele organizó un banquete en Casa Presidencial con familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos, a quienes prometió respaldo en la búsqueda de la verdad, acceso a la justicia y reparación moral.
Pero dicha promesa presidencial fue en vano, Bukele no honró su palabra y decidió negar el acceso a los archivos militares. En una cadena de medios de comunicación, el presidente dijo una serie de mentiras, todas contradictorias: que los archivos no existen, que ya los desclasificó, que no permite el acceso porque podrían descubrirse planes de seguridad actuales, etc.
Pero no solo el Ejecutivo ofende a las víctimas. También la Asamblea Legislativa sigue postergando la aprobación de la ley de reconciliación ordenada por la Sala Constitucional, mientras mantiene la intención de avalar una nueva ley de impunidad que menoscaba los derechos de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidos durante la guerra civil.
En este espacio editorial condenamos el engaño, la indolencia e irresponsabilidad de Bukele, así como también la grave omisión de los diputados y diputadas. A la vez animamos a los familiares de las víctimas y a las organizaciones que les apoyan a seguir luchando por la verdad y la justicia.
(ARPAS)
