La ONG Human Rights Watch (HRW) ha acusado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de “socavar las bases democráticas del país y de desmantelar todos los controles institucionales al poder presidencial“, así como de fomentar “la impunidad” como norma de su Gobierno, en un informe en el que analiza la situación de los Derechos Humanos en el país a lo largo de 2020.
El texto de HRW aborda los abusos policiales instigados por Bukele, así como las negociaciones del Gobierno con las maras a cambio de apoyo en los próximos comicios de febrero y ataques a periodistas, entre otros.
En este sentido, la organización hace referencia al ingreso de Bukele acompañado por soldados armados en febrero de 2020 a la Asamblea Nacional, con la intención de “intimidar a los legisladores para que aprobaran un préstamo para las fuerzas de seguridad”.
A esto, se suma que el líder ha desobedecido “tres sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que prohibían detener personas tan solo por haber incumplido las normas del confinamiento”, aunque finalmente miles de personas desde marzo han sido detenidas en condiciones de hacinamiento e insalubridad en los llamados “centros de contención”.
A pesar de lo estipulado en los acuerdos de paz de El Salvador de 1992 –que Bukele ha calificado esta semana como “un negocio”–, que señalaban que las fuerzas militares no debían intervenir en los operativos de seguridad pública, el presidente ha mantenido esta función, perpetuando el estado militarizado instalado en la nación centroamericana.
Además de perpetuar este rol, las declaraciones de Bukele “han promovido el uso excesivo de la fuerza y la ejecución draconiana de las medidas ordenadas por su gobierno“. En abril, por ejemplo, ordenó a policías y militares “endurecer las medidas contra las personas que incumplan la cuarentena”, y agregó que no le importaría si la policía “doblaba la muñeca” de alguien durante un arresto.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del país ha registrado más de 1.600 denuncias de violaciones de Derechos Humanos desde la implementación de las medidas de confinamiento.
Asimismo, ha promocionado la violencia y los abusos por parte de las fuerzas del orden, como en las declaraciones de abril en las que aseguraba que “autorizaba” el uso de la fuerza letal por su parte si se trataba de “defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños”, obviando que el uso de la fuerza debería suponer un último recurso.
Impunidad y acuerdos con las maras
“La impunidad por abusos perpetrados por el Gobierno es la norma”, reza el documento, que hace referencia al juicio contra excomandantes del Ejército acusados por la masacre de El Mozote de 1981 y en el que Bukele ha impedido el acceso a documentos oficiales en lo que ha sido calificado como obstrucción a la justicia.
En septiembre, el medio digital ‘El Faro’ informó de que el Gobierno de Bukele había estado negociando con la MS-13 a lo largo del último año, y había otorgado beneficios carcelarios a pandilleros a cambio de la reducción de homicidios y de brindar apoyo electoral para las elecciones legislativas y municipales de febrero de 2021.
Por esta información, el líder criticó duramente a ‘El Faro’, aunque también se cebó contra la Revista ‘Factum’ y el periódico ‘Gato Encerrado’.
En efectivo, la Policía Nacional registró 706 homicidios entre enero y julio de 2020, en comparación con más de 1.700 casos durante el mismo período en 2019, lo cual supone una reducción de 59 por ciento.
El 4 de septiembre, el fiscal general Raúl Melara, con el que Bukele ha protagonizado diversos desencuentros a lo largo del año, especialmente a través de Twitter, indicó que la Fiscalía investigaría estos acuerdos.
Pero no solo se trata de Bukele, rescata el informe, sino también de agentes de seguridad y funcionarios, que han colaborado con maras en actividades delictivas, y todos los partidos políticos han negociado con ellas, incluso para campañas electorales.
