Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
La llegada de la paz en 1992 produjo grandes expectativas, por lo que implicaba el cese del conflicto armado que en los 80’s, de acuerdo a cifras oficiales, costara alrededor de 75,000 víctimas, y de acuerdo a otras fuentes, 150, 000, mayoritariamente civiles, asesinados en el conflicto, como parte de la política de tierra arrasada que implementara el estado salvadoreño para “quitar el agua al pez”, expresión con que se denomina ésta modalidad y que implicara restarle los apoyos de la población a la insurgencia mediante la supresión física de los resguardos de la misma [Informe de la Comisión de la Verdad].
Es decir; la particular brutalidad con que se librara aquel conflicto aún entraña entre quienes lo vivimos, una suerte de “síndrome salvadoreño”, no por estar este diagnosticado con la debida propiedad, pero característicamente sí en el sentido de la expresión, dado que asegura a los responsables de los más infames atropellos a la dignidad humana, tanto materiales como intelectuales, toda garantía de impunidad.
Tal fenómeno no es algún subproducto fantasioso de quienes por deporte interpretan la historia como una sucesión de conspiraciones provocadas por los administradores de la cosa pública, no, la cultura de la impunidad es un crudo hecho concreto de nuestra realidad que emerge de los acuerdos de paz en la forma de aquella infame amnistía, que se sacara de la manga Alfredo Cristiani, para evadirse a sí mismo, encubriendo por extensión a los hechores, que siguen por la naturaleza inhumana con que actuaron, ruborizándonos aún ahora.
Los ecos de aquellos crímenes los seguimos viendo en el presente, en los actos del terrorismo pandilleril, cuando replican al calco el mismo manual: secuestrar, violar, torturar, desmembrar, asesinar, desaparecer, aterrorizar.
A veces incluso, arrojar despojos humanos en espacios públicos para imponer el mensaje: “ver, oír, callar”, como los escuadrones de la muerte.
¿Cuáles son sus implicaciones?
Nuestro país es el mas violento del mundo, en términos de asesinatos, con una tasa que ronda los 61,8 por cada 100, 000 habitantes-2017-, un PIB per cápita de 3,321$, que nos ubica en el puesto 119 de 196 naciones; un IDH [Índice de Desarrollo humano] de 0,673 que nos ubica en el lugar 124 de 189 [Datosmacro.com].
Tampoco existe la institucionalidad, desde que la administración Calderón Sol desmontara el Foro de Concertación Económica y Social, iniciando la desnaturalización de la PNC, militarizándola, así como reduciendo a la PDDH encogiendo sus ingresos, lo que alertara en aquel momento el acompañante de los acuerdos de paz, Álvaro de Soto.
Esto en consecuencia al modelo económico no concertado que se implementó, añadido a la impunidad imperante que se profundizo desde entonces.
Debemos ahora sumar a ello la nueva lectura que la actual administración brinda al conflicto armado, en un intento revisionista de disminuirlo, explotando nuestra carencia de memoria, lo que solo producirá mas dolor, porque no se encuentra en el olvido la solución, sino en el abordaje objetivo y multidisciplinario del fenómeno, porque sabemos, ‘…quienes olvidan su historia, están condenados por ella a repetirla…”.
*Educador salvadoreño
