El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) inició funciones el 23 de febrero del año 2013, bajo el marco legal de la Ley de Acceso a la Información Pública vigente desde el 8 de mayo de 2011.
A 8 años de su creación, el instituto ha enfrentado sobre todo dificultades financieras debido a su bajo presupuesto. Aún así logró cumplir con sus funciones y con su mandato de ser el garante del derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, desde la incorporación de tres comisionados elegidos por el presidente, Nayib Bukele, en 2020, se observa un estancamiento en su funcionamiento y claros retrocesos, así opina Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
Unos de los retrocesos que señala Escalante es que el pleno de comisionados se retractara de una decisión tomada referente a exigir a la Corte Suprema de Justicia la entrega de adendas de probidad en el caso del presidente Nayib Bukele. Esa decisión dejó en evidencia el respaldo a las instituciones públicas en detrimento del derecho ciudadano, según Escalante, “es un retroceso favorable al funcionario público y por lo tanto desfavorable a los derechos de la ciudadanía para conocer cómo se está administrando la cosa pública y en este caso cómo se administra, incluso el patrimonio de los funcionarios”.
Xenia Hernández, directora ejecutiva de DTJ, coincide en que no exigir a la Corte de Cuentas la entrega de la información referente a las adendas de probidad significó uno de los primeros retrocesos más marcados de tres de los comisionados. Pero además destaca retrocesos en cuanto a la cantidad y calidad de las audiencias orales.
Sumado a ello, percibe falta de sincronía en el trabajo del pleno, una falta de compromiso para promover la transparencia y escasez de liderazgo para empujar una cultura de transparencia al interior del instituto y al resto de instituciones públicas.
Hernández, además, señala falta de integridad en algunos comisionados que les ha llevado, incluso a ser demandados ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, como es el caso de la comisionada Roxana Soriano. “Una persona que está cuestionada y que recientemente ella lo divulgó de manera pública, que sí estuvo afiliada a Nuevas Ideas y que incluso queda en duda en qué momento se desafilia si las internas del mismo partido fueron en julio y ella tiene un documento que dice que es de julio y entonces ¿Cómo participó? No queda transparente (…) Peligra que haya un tipo de delito por la falsedad del mismo documento”, dijo Hernández.
Los retrocesos en el Instituto no solo son observados por las organizaciones de la sociedad civil e instituciones de derechos humanos, sino también por exempleados que perciben un antes y un después en el IAIP. YSUCA conversó con César González, exjefe de la Unidad Jurídica, quien trabajó en el instituto entre 2013 y 2018. González opina que el Instituto no es el mismo de hace 8 años, que surgió con el compromiso de marcar la diferencia en la sociedad salvadoreña, basado en principios democráticos y con el objetivo de fomentar una cultura de transparencia.
Enfatizó en que si bien el primer pleno enfrentó obstáculos, se tomaron decisiones cruciales para fortalecer el derecho a la información pública. Ocho años después observa cambios significativos como el hecho de que los ciudadanos estén impugnando los nombramientos de algunos comisionados, una situación que antes no había ocurrido. Para González estos procesos “son sanos en una democracia que puedan impugnarse los nombramientos que se consideran que no han sido establecidos de la mejor forma”.
Los retrocesos en el Instituto también significan riesgos para los derechos ciudadanos opina Manuel Escalante del IDHUCA. Al negarse información pública se frena la posibilidad de que el ciudadano se informe adecuadamente y tome decisiones acertadas. Pero se puede evitar que el Instituto se siga debilitando, una medida sería que los comisionados brinden declaraciones a la prensa y respondan a los cuestionamientos de las organizaciones de la sociedad civil, tal como ocurría anteriormente en la Mesa de Transparencia donde se rendía cuentas.
“Sería muestra de que estas personas están comprometidas con la transparencia , de lo contrario no hacerlas vendría a reforzar esa idea de que los retrocesos están ahí y que van a continuar, lo cual sería preocupante, porque una de las mejores leyes de acceso a la información pública de América Latina estaría en riesgo de convertirse en papel mojado” , expresó el subdirector del IDHUCA.
Otro de los peligros que se percibe es que los procesos en el Instituto se lleguen a tecnificar y con ellos el IAIP cometa abusos que afecten derechos de los ciudadanos, opina el exjefe jurídico del IAIP, César González. “Bajo el argumento de que deben haber decisiones tecnificadas puede caerse en el error de estar estableciendo límites al derecho de acceso, a hacer abuso de la reserva, abuso de la confidencialidad”, enfatizó.
Para Xenia Hernández evitar el debilitamiento del Instituto pasa por la voluntad política. Recomendó a los comisionados reflexionar sobre el rol que están desempeñando. “Si hay algo en ellos que les llame la conciencia y les haga ver que pueden estar actuando mal o cambiar esa actuación equivocada que han traído hasta este momento o apartarse y permitir que mejor lleguen personas íntegras, comprometidas en fortalecer al instituto”.
Por otra parte, cree que una medida adecuada en este momento sería volver a grabar las reuniones del pleno, que por ahora están suspendidas. Para la representante de DTJ, si los comisionados toman estas medidas podrían recuperar la credibilidad que tenía el Instituto. De no hacerlo, el riesgo es que se extienda la corrupción ante el ocultamiento de la información pública. Con ello se regresaría a la época donde nadie rendía cuentas. Habría un retroceso mayor en la participación ciudadana que frenaría la contraloría social y la lucha contra la corrupción desde la sociedad civil.
