Los resultados electorales demuestran que la mayoría de salvadoreños no se ha cansado de esperar que el país cambie. A pesar de las innumerables promesas fallidas, siguen teniendo esperanza. El respaldo mayoritario al partido del presidente expresa la fe en que cumplirá su promesa de mejorar la vida de todos.
En este sentido, limpiarle la mesa no pretendería darle carta libre para que haga lo que quiera, sino para que transforme realmente al país. Aristóteles dijo que “uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras”. Precisamente, haber prometido y defraudado es lo que están pagando los que no honraron sus promesas cuando estuvieron en el poder.
Aunque no se conoce un plan de gobierno ni un proyecto de nación que tengan su firma, el presidente anunció cambios importantes y estructurales que dentro de poco, no teniendo ya obstáculos en la institucionalidad nacional que le impidan realizarlos, podrá emprender. Un par de ejemplos de esos compromisos que asumió y ofreció durante su campaña presidencial pueden servir para hacerse una idea de aquello que podría hacer para darle un nuevo rumbo a El Salvador
Primero, en el ámbito de la transparencia y el combate a la corrupción, prometió crear la figura de un comisionado anticorrupción que, nombrado por los partidos de la oposición, combatiera ese flagelo. Prometió también eliminar la partida secreta, por la que se canaliza el gasto de la inteligencia estatal y que nunca fue auditada en los Gobiernos anteriores.
Bukele afirmó en campaña que “los gastos necesarios de la inteligencia saldrán de partidas auditables, evitando el robo que siempre existió”. Fue esa partida, según la Fiscalía General de la República, la que los ex presidentes Funes y Saca utilizaron para malversar cientos de millones de dólares.
En segundo lugar, en el ámbito económico, ofreció “modernizar la recaudación fiscal” para evitar la evasión y elusión tributaria, y “promover una reforma fiscal integral”. En sus palabras: “Hacer que el rico pague más y que el pobre pague menos”. En esa línea, habló de la necesaria gradualidad de los impuestos y ejemplificó con un IVA diferenciado: mayor para los bienes suntuosos y exención para la canasta básica.
En la ciencia económica, este tipo de medidas son propias de una reforma fiscal progresiva, algo que ninguno de los Gobiernos de la posguerra se atrevió a implementar, a pesar de que los agudos niveles de desigualdad del país lo exigen. Más aún, habló de trabajar por “una economía social de mercado”, en la que las zonas económicas especiales no tendrían cabida por ser privatizadoras.
Si, como argumentaba, no había podido llevar a cabo estas medidas por tener a los otros dos poderes del Estado en contra, ahora al presidente le bastará voluntad y decisión para hacerlas realidad. Ha llegado su hora o, en su defecto, la de un nuevo desencanto ciudadano.
(Editorial UCA)
