Por Luis Arnoldo Colato Hernández.
Al país lo amenazan desafíos económicos verdaderamente graves, comenzando con el pago de letes que deben saldarse el presente mes de marzo por $400, 000, 000. 00; o la deuda pública, que el año pasado sumó $2,700, 000, 000. 00, mientras que la recaudación de impuestos decreció en hasta $30, 600, 000. 00 (datos ofrecidos por MINH/El Economista.net), reduciendo dramáticamente los márgenes al Gobierno, para responder a sus obligaciones económicas o el cumplimiento de los ofrecimientos de campaña.
Tampoco la anunciada reforma del sistema de pensiones ofrecerá ningún alivio, si de acuerdo al Ministro de Hacienda se seguirán considerando a dichos fondos como una suerte de caja chica de donde sustraer recursos para aliviar la crisis generada por los desaciertos administrativos de la gestión, lo que implica sin duda que no tiene por propósito dicha reforma, la desprivatización del sistema pensionario, sino más bien profundizar el desacierto del modelo, conservando cautivo el fondo de retiro de los trabajadores con el doble propósito de favorecer a las Afp’s, así como ser la fuente de la cual sustraer gratuitamente, mientras se agrava la situación de los pensionarios.
En este sentido los $1, 300, 000, 000. 00 que se negocian con el FMI, traerán consigo un pliego de medidas de ajuste económico similares a las que ya se aplicaron en los 90’s durante las administraciones también de derecha, [comenzando con el IVA que llegaría incluso hasta el 17%], y que resultaron un fracaso, pues a la par de reducir al Estado y distorsionarlo, el desempleo y el empobrecimiento se elevaron, derivando aquello en índices de violencia social que incluso superó al del conflicto, provocando la desbandada de nuestra mejor fuerza de trabajo [2,2 millones de salvadoreños/as en aquellos días], evadiendo la violencia y descomposición social resultantes, mientras apenas el 1% de la población fuera la única favorecida como producto de las trampas con que se aplicaron tales medidas de ajuste, y que se ve reflejado en que son ahora poseedores de hasta el 74% del PIB nacional, en detrimento de las finanzas públicas que tampoco trasladan a las arcas estatales los correspondientes impuestos que se derivan de la evasión y la elución resultante.
Ni que decir de los 70, 000 empleos perdidos o del desinterés por promover su recuperación, como la negativa a emprender la urgente reforma progresiva impositiva, lo que debemos traducir en que se avecina la profundización de las privatizaciones, mientras se traslade el coste de las mismas a los desfavorecidos; en tal sentido el quid del tema será como venderá la administración a sus seguidores el incumplimiento de sus promesas mientras conserva su base clientelar y política; o como podrá explicar que se enriquecerá un ala de la ecuación, mientras la otra se deprime aún más.
Es decir, el problema reside en la ausencia de una política de diversificación económica, que se traduzca, además, en fuente de justicia social por la redistribución de la riqueza consecuente, abandonando la política de concentración vigente, que la historia demuestra, no debe perpetuarse.
