El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, anunció esta semana que su gobierno decidió llevar a juicio al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por «incumplimientos» de convenios de la entidad con la nación andina.
«Ha habido un evidente y flagrante incumplimiento sobre las acciones pactadas entre Bolivia y la OEA, por parte de la OEA y Luis Almagro», afirmó Lima.El titular de la cartera de Justicia detalló que el gobierno se encuentra «evaluando los caminos jurídicos», que «probablemente no sean excluyentes y podamos seguir todos simultáneamente», y que pretenden llegar hasta «las instancias que correspondan».
Lima adelantó que se emprenderá acciones legales contra Almagro, ante lo que considera como «persistentes acciones de injerencia» en el país y por las declaraciones hechas por Almagro sobre el supuesto fraude electoral de 2019. Así, espera que rinda cuentas por la «gravedad de sus afirmaciones y la irresponsabilidad» que supuso el informe realizado por la organización.
La OEA ha planteado recientemente crear una comisión internacional que investigue los casos de corrupción en Bolivia desde el gobierno de Morales hasta la actualidad, incluyendo el periodo de Jeanine Áñez. Por otra parte, la organización cuestionó el sistema judicial boliviano y afirmó que no existen garantías de un juicio «justo», de «imparcialidad ni debido proceso» contra los ahora antiguos altos cargos del Gobierno.
Un comunicado de la secretaria general de organismo, cargo que ocupa Almagro, este jueves había criticado la detención de Añez aunque sin nombrar a la expresidenta de facto. » La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos manifiesta que ha tomado debida nota de las preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales y expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno,» arranca el texto.
El comunicado también acusa a la justicia boliviana de favorecer al partido gobernante. «En los últimos meses se ha constatado la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al Gobierno. Lamentablemente, esas amenazas se han concretado en muchos casos. En este contexto, es importante recordar que la Carta Democrática Interamericana en su artículo 3 define como elemento esencial de la democracia representativa la separación e independencia de los poderes públicos» lanzó la oficina que ocupa Almagro.
El ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia no tardó en responderle a Almagro. «Una vez más, Luis Almagro se pronunció utilizando el discurso sobre derechos humanos para favorecer a los intereses particulares y políticos que representa; dejando de lado la defensa de las víctimas de gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de facto que abusó de su poder para perseguir, torturar y asesinar a quienes tienen y tenían como enemigos políticos,» se pronunció la cancillería boliviana. «El Sr. Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, después del daño profundo que le hizo al pueblo boliviano con su injerencia colonialista durante el proceso electoral del 2019. Sus acciones costaron vidas humanas y debe rendir cuentas por su comportamiento parcializado y alejado de la objetividad, que ha desprestigiado a tan importante instancia para los países de nuestra América.»
El texto de la secretaría general de la OEA también recibió una dura respuesta de Oscar Laborde, presidente del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur (Parlasur). Laborde acusó a Almagro de actuar con «descaro» y «pretender inmiscuirse desembozadamente en la situación política de Bolivia», tras «haber propiciado un golpe de Estado con masacres, asesinatos, persecución política y proscripciones».
Según Laborde, «a estas alturas resulta claro que Almagro se presenta como el jefe de la oposición política al gobierno de MAS». El parlamentarioargentino agregó que las recomendaciones que hizo hoy la OEA no muestran «ningún tipo de conocimiento ni de precisión» sobre el funcionamiento del sistema judicial boliviano.
«Lo que está proponiendo Almagro es el comienzo de una conspiración contra un gobierno democrático (por el que preside Luis Arce), buscando el apoyo de algunos países de la región», afirmó Laborde, quien además es diputado del Parlasur, donde ocupa una de las vicepresidencias.
Y luego alertó sobre Almagro: «Está proponiendo una intervención lisa y llana sobre el Estado Plurinacional de Bolivia, no sólo sobre su poder Judicial».
Evo Morales, por su parte, acusó a Almagro de cometer crímenes de lesa humanidad. «Nunca se pronunció por los 36 asesinatos, los más de 800 heridos, los 1.500 detenidos ilegalmente y el centenar de perseguidos», manifestó en su cuenta de Twitter. «Las declaraciones de Almagro son un nuevo atentado a la democracia: niegan la autoproclamación de Áñez, las masacres, las 1.500 detenciones ilegales, persecuciones y corrupción en pandemia, que es delito de lesa humanidad. No se puede ignorar la lucha del pueblo humilde,» tuiteó.
Fuente: Página/12
