Felícita Ayala es una lideresa de la Comunidad Victoria 2,000 ubicada en el Municipio de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz. Felícita recuerda la histórica lucha que, desde hace más de 20 años, emprenden las comunidades por el derecho a contar con seguridad jurídica de la tierra que habitan, como un elemento de la vivienda adecuada1.
La vivienda adecuada constituye un derecho humano fundamental, que protege el interés que tiene todo ser humano a vivir en seguridad, paz y dignidad. Este derecho es reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -PIDESC-, y también se encuentra en las Observaciones Generales 4 y 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo anterior obliga a El Salvador a generar medidas normativas, planes o políticas públicas para su cumplimiento.
Para Doña Felícita no hay nada más lejano que eso, y narra desde el patio de su vivienda las dificultades que enfrentan las personas habitantes de Victoria 2,000 y comunidades aledañas para gozar los elementos que implican el cumplimiento de este derecho. Cabe mencionar que algunos de los componentes de una vivienda adecuada son: seguridad en la tenencia de la tierra, es decir, que las personas cuenten con títulos de propiedad del espacio físico en el que habitan; asequibilidad, esto implica que el pago de la vivienda no sobrepase los ingresos de la familia, o no limite el disfrute de otros derechos; la vivienda debe estar ubicada en un lugar accesible a servicios de salud, educación y otros; debe poseer una infraestructura que permita resistir fenómenos naturales y disminuya el riesgo de vulnerabilidad, entre otros elementos2.
En el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA) coinciden comunidades de varios puntos del país, algunas se encuentran ubicadas en San Luis La Herradura y San Pedro Masahuat, en el departamento de La Paz, estas son: El Mozote, El Conchalito, Los Tubos, Brisas de Jaltepeque y Victoria 2000, donde habitan alrededor de 650 familias. Paradójicamente, en los entornos de las comunidades se encuentran ranchos privados, restaurantes y hoteles que si tienen dicha seguridad jurídica. Al realizar un recorrido por las comunidades Victoria 2,000; El Mozote; Los Tubos; El Conchalito y Brisas de Jaltepeque, se evidencia que las condiciones actuales de las comunidades distan de la satisfacción del derecho a la vivienda adecuada. Doña Felícita cuenta cómo las comunidades resisten situaciones que difieren en gran manera con los compromisos adquiridos por el país en tratados internacionales en esta materia.
La situación que viven las comunidades no es un hecho aislado, históricamente han existido contradicciones con familias acaudaladas ligadas a grupos de poder, situación que ha derivado desalojos de comunidades enteras, e inseguridad en la vida de las personas que no tienen escrituras de propiedad. Sobre este punto doña Felicita agrega: “En el año 2,000 nos vinieron a sacar, a muchos les dañaron su vida, incluso a algunos los metieron presos, hubo varios que quedaron demandados, nos venían a echar a cada rato a la UMO -Unidad del Mantenimiento del Orden-, desde entonces vivimos en zozobra”.
Otra de las grandes problemáticas a las que se enfrentan las y los habitantes es el incremento de gastos económicos para el acceso a agua potable. De acuerdo a las personas que habitan en las comunidades el agua mayoritariamente a la que se tiene acceso es salada, y para el consumo humano deben adquirir agua embotellada.
Esta es solo una de las manifestaciones de las condiciones de vida de las y los habitantes de las comunidades. Entre otras de las vulneraciones a sus derechos humanos se tiene la falta de servicios básicos como energía eléctrica, material resistente para sus viviendas, situación que les pone en riesgo ante desastres naturales, además, no poseen cercanía a servicios de salud, entre otros.
Organización comunitaria para una vida digna
Enfrentar las condiciones adversas para la comunidad solo ha sido posible gracias al nivel de organización entre sus miembros-as. La articulación de esfuerzos entre MOVITIERRA y FESPAD ha generado algunos cambios en la vida de las y los pobladores de la zona. Desde hace más de 15 años vienen impulsado acciones de incidencia, formación y organización para la búsqueda de alternativas que puedan dotar de seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra en la que habitan las comunidades y posteriormente generar condiciones de vida desde la perspectiva de los derechos humanos.
Doña Felícita considera que la organización comunitaria ha sido fundamental, y añade: “FESPAD nos ha enseñado cómo luchar y defender nuestra tierra”, además cuenta como han participado en procesos formativos sobre derechos humanos y cultura de paz, transformación de conflictos, género, acciones de incidencia, entre otros.
Conociendo un poco de las comunidades
A 57 kilómetros al sur oriente de San Salvador, se encuentran ubicados los municipios de San Luis La Herradura y San Pedro Masahuat, en la franja costera del país, a continuación, se presentan las cinco comunidades de la zona organizadas en MOVITIERRA.
Brisas de Jaltepeque
La Comunidad Brisas de Jaltepeque está ubicada en el municipio de San Luis La Herradura, departamento de La Paz. En la comunidad habitan 420 personas. Entre las y los habitantes se cuenta con mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
El Conchalito
En el municipio de San Luis La Herradura se encuentra el Caserío El Conchalito, el caserío está habitado por alrededor de 260 familias, cuya realidad corresponde a las de una pequeña colonia en donde hay casas de construcción mixta, que atiende a las posibilidades económicas de cada ocupante, con las particularidades de ser un asentamiento humano irregular, carece de agua potable en sus viviendas.
Victoria 2,000
En el municipio de San Pedro Masahuat se encuentra el Caserío Las Victorias 2,000, mejor conocido como Comunidad Victoria 2,000; la cual está habitada por un aproximado de 260 familias, cuya realidad responde a las de un asentamiento humano irregular, los mismos son irregulares por ser núcleos que no tienen la seguridad jurídica de la tierra que habitan, un elemento importante dentro del derecho a la vivienda adecuada.
En esta comunidad solo 15 familias cuentan con agua potable y 10 familias con el servicio de energía eléctrica. Como se mencionó con anterioridad, uno de los episodios con mayor trascendencia en la historia de la comunidad fue el desalojo ocurrido en el año 2,000.
El Mozote
La Comunidad El Mozote, se encuentra ubicada en el municipio de San Luis La Herradura, departamento de La Paz. Al igual que Victoria 2,000 es producto de un asentamiento humano irregular, puesto que se encuentra ubicada en inmuebles propiedad del Estado; a causa del desalojo que hubo en el caserío la Guayabera de San Luis La Herradura, el 1 de noviembre del año de 1993.
Los Tubos
Se encuentra ubicada en el Bulevar Costa del Sol, San Luis La Herradura, las y los habitantes de esta y comunidad, al igual que todas las comunidades en mención, viven en constante temor ante la inseguridad jurídica de los espacios donde se encuentran asentadas, puesto que no poseen escrituras que les acrediten como propietarios-as de sus terrenos, a pesar de contar con más de cuarenta años de vivir en ellos.
La realidad de doña Felícita y miles de personas que habitan las comunidades tiene un común denominador, la mayoría son asentamientos humanos irregulares, generado en propiedades del Estado de El Salvador, con varios años de ocupación de la zona. Estas comunidades también son caracterizadas por la falta de acceso a servicios básicos, así como de una respuesta estatal ante la falta de una vivienda adecuada.
Hasta el día de hoy las comunidades asentadas en la zona de la Costa del Sol siguen careciendo de mecanismos que establezcan alternativas reales de acceso al suelo, el objetivo de la lucha de las comunidades no se ha perdido y continúan buscando apoyo en la legalización de los inmuebles que habitan, procurando mantenerse organizadas desde su estructura, números de familias y número de parcelas que se hayan en las comunidades.
Las comunidades siguen procurando la apertura de espacios de dialogo y seguimiento a la problemática, con instancias del gobierno central y el gobierno municipal. Para las comunidades el trabajo trasciende en dos escenarios: El primero sobre la base la organización, y el segundo en la búsqueda de apertura de espacios que conlleven soluciones que brinden la legalidad de los inmuebles que por justicia les corresponden.
Siendo que es necesaria la asistencia de carácter técnico se han dirigido solicitudes al Instituto de Legalización de la Propiedad para que estos levanten la información técnica necesaria de cara a un posible proceso de legalización; además de visitas técnicas que en un primer momento se iniciaron pero que en el escenario de la convulsión suscitada por la pandemia por COVID 19 estos procesos permanecen en el limbo sin trascender a la provisión de una opinión técnica a las familias de las comunidades.
Desde las familias que habitan las comunidades existe la plena conciencia que la emergencia por COVID-19 impactó en gran medida al país, dejo en evidencia su situación de vulnerabilidad, las necesidades de estas personas se agudizaron aún más. Sin embargo, no se pierde de vista que la problemática de legalidad de la tierra continúa siendo una deuda pendiente que mantiene en zozobra a las familias que esperan una solución desde la articulación de instancias nacionales y locales, que esta vaya acorde a sus necesidades y promueva mecanismos mediante los cuales las familias puedan adquirir la legalidad de sus inmuebles como primer paso en la consecución del Derecho Humano a una Vivienda Adecuada.
1-Declaración Universal de Derechos Humanos, Articulo 25. Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.
2-ONU Hábitat (2019) ONU-Habitat – Elementos de una vivienda adecuada
