Fibgar recibió luz verde de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuando el segundo Juzgado Central de Instrucción de Madrid desestimó la querella, por considerar que la Fundación no tenía los requisitos para hacer la acusación.
Desde octubre de 2020, la organización que encabeza el exjuez Garzón involucró a funcionarios gubernamentales panameños, encabezados por Martinelli, en una causa por presuntamente cobrar 82,7 millones de dólares ilegales, a través de sociedades pantallas titulares de un circuito internacional de cuentas bancarias.
El tribunal de apelaciones aseguró ‘que no puede ratificarse el auto del juzgado por el que se excluye la responsabilidad penal del señor Ricardo A. Martinelli Berrocal, en el presente procedimiento que deberá continuar también para él como investigado’, según el comunicado de la Fundación citada por La Estrella.
Hasta el momento no se conocieron reacciones del expresidente, cuyo emporio mediático desplegó titulares cuando el Juzgado de Madrid bloqueó la acción penal y el propio Martinelli retó en Twitter a varios medios para que publicaran la noticia de lo que consideró ‘ridícula denuncia de Garzón sobre FCC’.
El destape del caso ocurrió en 2017 durante investigaciones de sobornos realizados a la empresa brasilera Odebrecht en el Istmo, y entonces fiscales panameños pudieron determinar irregularidades también cometidas por FCC, las cuales admitió el consorcio peninsular en una auto delación que involucró al abogado español-panameño Mauricio Cort.
Por esta razón está detenido Cort en Panamá y avanza un expediente penal con 14 indagados, donde el letrado aparece como posible testaferro del exgobernante y la persona que exigía sobornos a las constructoras a cambio de adjudicarles contratos y realizar a tiempo los pagos correspondientes.
FCC participó en la construcción de las dos líneas del metro capitalino, transformación de viales y el inconcluso gigantesco hospital conocido como Ciudad de la Salud, en todos los cuales se detectaron facturaciones con sobreprecios y servicios no prestados, para generar los fondos destinados a la trama de corrupción.
mem/orm
