Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
El pasado viernes 26 la presidencia de la República presentó en rueda de prensa a su nueva apuesta para la gestión de seguridad pública, Gustavo Villatoro, al tiempo que dejara sin efecto la de Rogelio Rivas, sustitución sobre la que no brindo mayor explicación, empero si se explayo acusando a las anteriores gestiones presidenciales por la situación de inseguridad generalizada que padece el país, luego de ejercer por casi dos años la presidencia de la República, en un disperso discurso del que varias contradicciones pueden destacarse.
Alegó además, sin considerar la creciente cifra de desaparecidos que nos agobia – alrededor de 12 personas en promedio al día de acuerdo a la FGR -, así como a la cuarentena y los efectos de control social que implico, que la reducción en la cifra de muertes como consecuencia de la generalizada violencia social era supuesta evidencia del éxito del plan de “control territorial” emprendido por la administración en su lucha contra la violencia terrorista doméstica, el cual sin embargo sigue sin ser escrutado pues su composición a la fecha, sigue constituyendo un secreto de estado.
En este punto hay que recordar que la actual presidencia y con el propósito de reducir las muertes que en consecuencia al pulso pandilleril padecemos, ha celebrado acuerdos con el terrorismo doméstico otorgando beneficios a cambio de un aparente control de su administración en el territorio, lo que el incremento de asesinatos y desapariciones forzadas contradice; tal hecho esta confirmado por la FGR que desde el año pasado adelanta una investigación en ese sentido.
Tal elemento en la ecuación es necesario para comprender lo que sucede ahora: el plan de control en el territorio fracasa porque no puede satisfacer las demandas que reclaman al estado [“…ellos -las pandillas – esperan apropiarse del país mediante la política…”, fiscal general, 2020], a las que hay que sumar las gravísimas contradicciones que como administración mantiene, por la generalizada corrupción que se vuelve metastásica en la medida que asume mas control del estado, así como por la opacidad financiera de la misma, pues no rinde cuentas por los recursos utilizados, lo intolerante de su gestión, o la negativa de asumir las fundamentales responsabilidades que implico ganar el cargo.
Es decir, si bien nuestro país adolece de males crónicos, son estos además originados estructuralmente, por lo que resolverlos pasa por eliminar sus causales; hay que enmendar los males que lo promueven desde su origen.
¿Cuáles males? ¿Que promueve la corrupción del estado? El modelo económico y sociopolítico que padecemos. Este es promotor de la exclusión y marginación social que padecemos, consecuentemente de la violencia que sufrimos, pero también de la corrupción imperante, por lo disfuncional de las instituciones, pues solo responden al modelo, no haciendo de la justicia o de la inclusión y la movilidad social una prioridad de las mismas.
Entonces achacar la culpa a otros no es casual, será la excusa de siempre para no cumplir, para evadir, para conservar el cargo. Pero, ¿por cuánto tiempo? Ya no hay tiempo.
*Educador salvadoreño
