Los tribunales están definiendo, en parte, el terreno de juego político en América Latina. Mientras tanto, la vida sigue, a ritmo de pandemia y elecciones.
Por: Manuel Alcántara*
Aunque hay momentos como los generados por una pandemia en los que las cosas parecen quedar al albur de la incertidumbre más completa, la vida está construida, pese a todo, en torno a rutinas, algo a lo que la política no es ajena. La cadencia de los comportamientos en torno a cierto tipo de pautas conduce a lo que se denominan procesos de institucionalización, que admiten diferentes expresiones. Estas pautas siguen estando presentes incluso en el fragor de la crisis generalizada que invade América Latina. Una región con solo el 8% de la población mundial, pero que concentra alrededor del 25% del total de muertes por Covid-19 y cuyo PIB sufrió, en 2020, una caída del 7,4%.
En la actualidad, dos aspectos íntimamente ligados tienen un protagonismo universal relevante como consecuencia del desarrollo de la democracia. Me refiero al sufragio como mecanismo de elección de las autoridades y al Estado de Derecho en tanto que instrumento de dominación legal-racional. Ambos continúan vigentes en medio de la pandemia en buena parte del globo. Es por ello que un análisis coyuntural de cualquier escenario no suele dejarlos de lado. El caso de América Latina en el primer trimestre de 2021 no es diferente. Cierto que en lo referido a las elecciones su agenda juega con la concentración de los comicios en momentos distintos y que en este sentido el año en curso puede considerarse meramente una antesala del ciclo electoral, más relevante, de 2022, pero las citas acaecidas, máxime si se tienen en cuenta también niveles regionales, no son desdeñables. De hecho, cuatro países han celebrado elecciones de un tipo u otro a lo largo del primer trimestre y dos se añadirán el 11 de abril a esta dinámica. Por consiguiente, en un plazo tan reducido, un tercio de los países que habitualmente analizamos bajo el paraguas “latinoamericano” quedan cubiertos.
«El año en curso puede considerarse meramente una antesala del ciclo electoral, más relevante, de 2022, pero las citas acaecidas no son desdeñables»
El apelativo de institucionalización electoral sigue, por tanto, su curso. Aunque se trata de comicios de naturaleza distinta, las pautas establecidas no quiebran las dinámicas que poco a poco se gestan en clave de fatiga. El Salvador, en elecciones legislativas con una leve mejora en la participación –aunque apenas superando la mitad del censo– consolidó el dominio mayoritario del presidente, Nayib Bukele, y sancionó la aparición de un nuevo partido, Nuevas Ideas, articulado por un programa confuso e integrado por caras nuevas alineadas en torno al tirón que protagoniza el caudillo más joven de la región. En Bolivia, las elecciones municipales y departamentales, con una participación en torno a las cifras habituales del país del 80%, mostraron la pujanza mayoritaria del Movimiento al Socialismo (MAS) tras 15 años en el poder, frente a una oposición muy fragmentada. El MAS mantuvo el 48,3% del voto popular (frente al 53,5% que obtuvo en 2015), ganó 240 de los 336 municipios del país (en 129 consiguió mayoría absoluta) y tres de los nueve departamentos, debiendo ir a segunda vuelta en cuatro. El gobierno de Luís Arce consolida así con cierta calma el legado de Evo Morales, quien suelta las riendas de control del partido pasando, de alguna manera, a un segundo plano.
Dieciséis candidatos se confrontaron en la primera vuelta celebrada en Ecuador en febrero, en la que la participación se alzó hasta el 81% del censo. Los dos candidatos más votados concentraron poco más del 52% y entre el segundo y el tercero el recuento oficial señaló una exigua diferencia de 30.000 votos, que fue impugnada por el candidato de una coalición suscitada alrededor del partido indígena Pachakutik, Yaku Pérez. Andrés Arauz, depositario del capital político de Rafael Correa, imposibilitado para ser candidato y huido de la justicia ecuatoriana, se enfrentará en una segunda vuelta el 11 de abril al banquero guayaquileño y varias veces candidato Guillermo Lasso. El errático gobierno de Lenín Moreno, delfín inicial de Correa, pasará a la historia como uno de los más irrelevantes. En cuanto a las elecciones legislativas, Ecuador volverá a tener una Asamblea muy fragmentada, como sucedió desde 1979 hasta el afianzamiento del correísmo.
«El errático gobierno de Lenín Moreno, delfín inicial de Correa, pasará a la historia como uno de los más irrelevantes de Ecuador»
De relevancia menor, las elecciones primarias que han vivido los partidos hondureños para elegir las candidaturas que concurrirán en los comicios del 28 de noviembre, por su muy baja participación han puesto de relieve el desgaste que sufren los dos partidos tradicionales (Nacional y Liberal), así como LIBRE, que intenta capitalizar el descontento en la última década. El 11 de abril, además de Ecuador, Perú celebrará elecciones presidenciales, ante las que vuelven a concurrir un número récord de candidatos, confirmando que la política en el país alcanza unas altas cotas de individualismo y que las preferencias de la ciudadanía se van construyendo de manera artesanal a partir de una indefinición que hoy alcanza a más de un tercio del electorado. Finalmente, Chile tendrá los comicios para alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes, en los que la mira también estará puesta en las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, en las que el presidente, Sebastián Piñera, no será candidato.
Batallas político-judiciales
La segunda faceta de la política a la que me refería antes tiene que ver con el funcionamiento del Estado de Derecho y, más en concreto, con el papel que ha desempeñado en los últimos años la justicia en América Latina. Al hecho insólito de contar con un alto número de miembros del poder ejecutivo sentenciados por diversos delitos, o bajo procesos penales, o incluso fugados de la justicia, se une la denuncia de la denominada práctica del lawfare, popularizada por el frente que constituyó el bolivarianismo. Según esta, hay una intencionalidad política conservadora (reaccionaria) en el uso de mecanismos judiciales para contravenir la actuación de los poderes signados por la voluntad popular mayoritaria. Así, Cristina Fernández, que sería el caso más citado, aunque también Correa, sufrirían una persecución política desde los tribunales.
A lo largo del primer trimestre de 2021, los tribunales han tenido una notable intervención en la arena política de muchos países, con decisiones que definen el terreno del juego de cara al futuro, al tiempo que marcan el pasado reciente. Hay al menos siete casos nacionales que vale la pena traer a colación. Por la importancia del país y por redefinir la liza política ante los comicios de 2022, debe destacarse la anulación por parte de un juez de la Corte Suprema brasileña de las cuatro sentencias dictadas por la justicia federal del Estado de Paraná (a cargo del entonces juez Sergio Moro, luego ministro con Jair Bolsonaro) vinculadas con la operación anticorrupción Lava Jato contra Luis Inácio Da Silva, Lula. El juez señala la falta de competencia, lo que supone una revisión a fondo del proceso, pero es asimismo prueba de la permanente presencia del Estado de Derecho, con sus salvaguardas a la vez que sus inconsistencias. También abre una oportunidad a la izquierda y al centroizquierda de concurrir con éxito a la cita electoral.
«En Brasil, la anulación de las sentencias contra Lula es prueba de la permanente presencia del Estado de Derecho, con sus salvaguardas a la vez que sus inconsistencias»
El contencioso, cuando no desafío, de Andrés Manuel López Obrador con el poder judicial, al que pide investigar al juez que frena la reforma eléctrica, supone un intento de violación de la autonomía de los jueces en México. Por otra parte, en Colombia, frente a una Corte Suprema perspicaz, la fiscalía general debe definir si acusa al expresidente Álvaro Uribe por el caso de manipulación de testigos que ya lo mantuvo más de dos meses en detención domiciliaria. En Argentina, la tensión entre la presidencia y los tribunales se agudiza una vez más y en ese contexto Alberto Fernández ha movido ficha al nombrar al diputado kirchnerista Martín Soria como ministro de Justicia. De esta manera, Fernández redefine, tras su mensaje al Congreso en la inauguración del curso político, la permanente confrontación existente entre el poder ejecutivo y el poder judicial. En la vecina Bolivia, una jueza ha dictado cuatro meses de prisión preventiva para la expresidenta Jeanine Añez, acusada de “sedición y terrorismo” por los sucesos que condujeron a la salida anticipada de Morales del poder. En lo que parece un ajuste de cuentas desde el gobierno de Arce, también se dictaron órdenes de aprehensión contra cinco exministros.
Por último, deben considerarse en un contexto diferente dos países cuyo ejercicio de la justicia vino acompañado de un inédito (y fallido) proceso de cooperación internacional para tratar de superar la cooptación de aquella por parte del crimen organizado. En el primero, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), amparada por las Naciones Unidas, vino realizando una labor encomiable durante 13 años contra la corrupción sistémica enquistada en el Estado y en diferentes sectores de la sociedad. En el segundo, se articuló en 2016 bajo tutela de la Organización de Estados Americanos la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (Maccih).
La Cicig fue disuelta a finales de 2019 por el gobierno del anterior presidente Jimmy Morales y la connivencia de su sucesor, Alejandro Giammattei, mientras que la Maccih funcionó hasta que en 2020 fue disuelta por el presidente, Juan Orlando Hernández, quien ya había manipulado su reelección, así como el resultado electoral en su favor en 2017. En ambos países las decisiones de clausura recibieron el aplauso de redes político-económicas ilícitas y evidencian cómo la precariedad del Estado mina cualquier base para el ejercicio de la justicia, aportando una peculiaridad al escenario descrito con respecto a los otros casos nacionales referidos. Hoy en Guatemala el presidente acaba de cerrar la nueva composición de los diez magistrados de la Corte de Constitucionalidad, envuelto en una seria polémica por falta de transparencia; y en Honduras, el presidente se enfrenta a serias acusaciones por narcotráfico desde tribunales en Estados Unidos.
*Tomado de politicaexterior
