Por: Mauricio Mejía*
El 20 de septiembre de 2020, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y la Ministra de Relaciones Exteriores, Alejandra Hill Tinoco, firmaron un acuerdo de cooperación para instalar la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), que se encargaría de apoyar el trabajo de la Fiscalía General de la República en el combate de la corrupción.
La CICIES, no es el primer acuerdo de cooperación entre el gobierno y la OEA, antes se habían suscrito otros acuerdos de cooperación con la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que en conjunto son buenas intenciones para el combate de la corrupción, que por el momento aún no reflejan una eficaz y eficiente lucha contra este flagelo social, lo cual no es por falta de capacidad sino por falta de voluntad política, en tanto casos de corrupción durante el periodo en el que la CICIES ha estado vigente, sobran como para que se hubiese lucido como la mejor Comisión para el combate de la corrupción de América Latina.
Organizaciones no gubernamentales que se esfuerzan por denunciar la corrupción presentaron a finales del 2020 a la Asamblea Legislativa una propuesta para darle autonomía y mayor capacidad a la CICIES; sin embargo, la iniciativa no prosperó; ahora a pocas semanas del inicio de una nueva legislatura, la propia CICIES, por medio de su comisionado Ronald Ochaeta, entregó a la ministra Alexandra Hill Tinoco y al secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, propuestas para reformar al cuerpo de leyes relacionadas con los delitos de la corrupción, crear nuevos tipos delictivos y que mediante la figura del querellante, la CICIES tenga mayor protagonismo contra la impunidad.
La iniciativa de la CICIES, coincide con un renovado interés del gobierno y congresistas de Los Estados Unidos, para hacer más eficaz el combate de la corrupción en El Salvador, lo que se refleja en el apoyo de dos millones de dólares para que la comisión realice su trabajo sin depender del gobierno y en las presiones políticas generadas por la anunciada publicación de nombres de políticos corruptos a quienes la administración de Joe Biden, les impondrá sanciones; por lo que se especula que los abruptos cambios realizados sin ninguna aclaración, de los ministros de seguridad y agricultura, responden a dichas presiones, sólo es cuestión de tiempo para que la verdad salga a luz pública.
En nuestro horizonte visualizamos que internamente corresponderá a la nueva legislatura, de la mano con el presidente Bukele, la responsabilidad total de darle a la CICIES, la autonomía que clama la población, lo cual es clave para que el combate de la corrupción y la impunidad sea una realidad y que dicha Comisión no sea utilizada como consigna electorera o como instrumento de persecución de la oposición política.
*106.9 fm radio
