América Latina fue el continente donde más se degradó la libertad de prensa en 2021, con un empeoramiento de la situación particularmente palpable en Brasil y El Salvador, según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de Reporteros Sin Fronteras.
De la medición 2020 a 2021, El Salvador pasó del lugar 74 de la tabla al lugar número 82 y a entrar a la categoría de países con “problemas significativos” para la libertad de prensa.
La crisis sanitaria del coronavirus, que ha servido de excusa en numerosos países para dificultar más aún el trabajo de los periodistas, ha sido especialmente utilizada en América Latina, señaló el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire.
En el caso salvadoreño, la organización internacional afirma que durante la cobertura de la respuesta del Gobierno a la pandemia de la COVID-19, los medios de comunicación se enfrentaron a múltiples obstáculos.
Como ejemplo el reporte destaca que “la policía incautó material periodístico, se prohibió el acceso a espacios públicos y, hubo falta de transparencia en el acceso a la información pública”.
El informe también señala que “los funcionarios presidenciales se negaron a responder preguntas sobre el coronavirus durante las ruedas de prensa e incluso se prohibió entrevistar a representantes del Estado sobre el asunto”.
Además de cerrar puertas para que periodistas pudieran conocer el destino de cientos de millones en fondos públicos, el Gobierno impidió en varias ocasiones que auditores de la Corte de Cuentas pudieran investigar el uso de recursos del Estado para hacer frente a la crisis.
Además, en noviembre de 2020, cuando la Fiscalía General de la República realizaba un allanamiento al Ministerio de Salud por indicios de corrupción en los gastos de emergencia, la Policía Nacional Civil llegó a entorpecer la labor de los fiscales.
El bloqueo de información a los medios de comunicación críticos e independientes, según Reporteros Sin Fronteras, lleva a que El Salvador sea uno de los países de América Latina que más cayó en su índice anual.
Además de no responder preguntas a los medios independientes, el gobierno de Nayib Bukele ha declarado bajo reserva información importante sobre cómo ha empleado recursos de emergencia para hacer frente al COVID-19.
Y ante reportajes acuciosos que ventilan posibles ilícitos, la respuesta ha sido descalificar a los medios de comunicación.
La legislación salvadoreña, advierte esta organización internacional, protege poco a la prensa y los periodistas que investigan temas relativos a la corrupción o las finanzas públicas padecen intimidaciones y presiones de funcionarios.
