Organizaciones sociales y ambientales acompañadas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se pronunciaron ante la negativa del presidente Nayib Bukele de firmar el Acuerdo regional de Escazú.
César Artiga representante del equipo impulsor del Acuerdo de Escazú expone que el país estaría quedándose atrás ante la negativa del presidente de la República, Nayib Bukele, de firmar el acuerdo que garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
El 25 de septiembre del 2020, durante una cadena nacional de radio y televisión, el presidente Bukele aseguró que no firmaría el Acuerdo de Escazú indicando: “Hoy por hoy, no lo vamos a firmar porque no estamos de acuerdo con algunas cláusulas del acuerdo”.
Debido a esto, las organizaciones sociales solicitaron a la Presidencia de la República, mediante los mecanismos de acceso a la información pública, que se esclareciera las razones de la negativa de suscribirse al acuerdo, sin embargo esta información se declaró reservada. Así lo aseguró Omar Flores de la Alianza contra la Privatización del Agua.
José Sandoval, Procurador Adjunto de Derechos ambientales lamentó que durante el confinamiento obligatorio debido a la pandemia del coronavirus, se vulneraran los derechos de habitantes de las comunidades aledañas al Río Sensunapán, en Nahuizalco, departamento de Sonsonate, al realizar una consulta pública sin previa notificación a los habitantes. Sandoval recalca la necesidad de que este acuerdo sea retomado por el mandatario a fin de contrarrestar este tipo de vulneraciones.
Ante la negativa del Presidente Bukele a firmar el acuerdo de Escazú, las organizaciones vislumbran un rumbo donde la estrategia esté basada en mega-proyectos urbanísticos dejando a un lado el compromiso con la transparencia, la ética, la rendición de cuentas y el rompimiento de la cultura de privilegios e impunidad.
El Acuerdo Regional de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue acordado el 4 de marzo de 2018.
