El regreso de Estados Unidos a espacios multilaterales para enfrentar el cambio climático y cumplir con el Acuerdo de París es una bocanada de aire fresco. En la Cumbre de la Tierra convocada por Joe Biden el jueves pasado se reafirmó la voluntad de muchos países de reducir las emisiones de carbono para limitar el calentamiento global a menos de dos grados Celsius y empezar a prevenir una catástrofe planetaria de dimensiones inimaginables.
Tan sólo la semana pasada atestiguamos la triste extinción del glaciar Ayoloco del Iztaccíhuatl, el derretimiento del masivo iceberg A68, que llegó a cubrir casi 6 mil kilómetros cuadrados cuando se desprendió de la Antártica. Además aprendimos que el glaciar Thwaites, del tamaño de Florida y llamado el “glaciar de más preocupación” por los expertos, se está también derritiendo, desde su base hacia arriba.
La Cumbre de la Tierra fue un paso importante para desechar cuatro años de estúpida negación por parte del trumpismo de esta realidad. Y es un paso hacia la próxima Cumbre del Clima de las Naciones Unidas en Glasgow, Escocia, en noviembre.
Sin embargo, hay dos problemas interrelacionados que generan escepticismo de que se pueda salvar al planeta sólo con buenas intenciones.
Primero, el tránsito de energías fósiles a energías renovables, no equivale a superar el extractivismo sino a intensificar la extracción minera. Existe una creciente preocupación por el apetito voraz de los llamados “minerales críticos” para la fabricación de baterías eléctricas para autos y para paneles de energía solar.
En el informe de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), MiningWatch Canada y Geomunes, El litio, la nueva disputa comercial dinamizada por el comercio verde comienza diciendo que “la ‘transición energética’ promovida por el capitalismo es evidencia de ‘una nueva retórica que pondera el discurso’ que, en sí mismo, no representa un cambio de rumbo significativo de lo que actualmente ya define para el mundo su relación inseparable con el modelo extractivo minero. El ejemplo del litio en México es un caso ilustrativo”.
En México, Bacanora Lithium PLC anunció recientemente que la empresa china Ganfeng Lithium firmó un nuevo acuerdo de empresa conjunta en relación con su inversión en el proyecto en Sonora, aumentando su participación en la mina de litio más grande del mundo, de 22.5 por ciento a 50. En reportaje de Braulio Carbajal ( La Jornada, 13/10/20) se encuentra más información sobre las 10 empresas con proyectos mineros de litio en México. Otros “minerales críticos”, como el cobalto y el níquel, se han convertido en la maldición debajo de los territorios de pueblos desde Chile y Argentina, hasta Indonesia y Papúa Nueva Guinea.
Según un estudio comisionado por la ONG Earthworks, el llegar a una economía basada 100 por ciento en energía renovable implicaría un aumento de la demanda de 136 por ciento de níquel, 280 por ciento de litio y 426 por ciento de cobalto. Se ha disparado tanto la demanda por los “minerales críticos” que empresas se lanzan a extraerlos de subsuelos marinos, a pesar de la alta destructividad de la flora, fauna y ecosistemas.
Segundo, el caso de la estadunidense Odyssey Minerals que busca extraer fosfato del Golfo de Cortés (ver mi artículo en este diario 4/4/21), sirve de ejemplo para describir el recurso supranacional al que pueden recurrir otras mineras y la gran camisa de fuerza a todas las buenas intenciones para enfrentar el cambio climático: los tratados bilaterales de inversión (TBI) y los tratados de libre comercio (TLC). Bajo el capítulo 11 del TLCAN, Odyssey Minerals tiene demandado a México en el Ciadi del Banco Mundial por 3 mil 540 millones de dólares, por no haberle otorgado el permiso de operar una mina en el subsuelo marino.
Como explicamos mi colega Jen Moore y yo en nuestro informe Casino del extractivismo (Institute for Policy Studies, MiningWatch Canada y Center for International Environmental Law), “las empresas mineras interponen demandas multimillonarias contra países de América Latina (y de todo el mundo) cuando sus cortes toman decisiones, y cuando implementan políticas públicas o medidas gubernamentales –particularmente en respuesta a las justas exigencias de comunidades afectadas por la minería– que afectan sus inversiones. El informe demuestra cómo el acudir al arbitraje supranacional es una oportunidad para que las empresas mineras (y otras) se enriquezcan a través de temerarias apuestas dentro de un sistema donde las probabilidades están en su favor.”
Globalmente, se han interpuesto al menos (porque muchos casos no son hechos públicos) 180 demandas inversionista-Estado por empresas extractivistas bajo TBI o TLC, o bajo otros, como el tratado de la carta de energía. De 14 laudos a favor de empresas (en el Ciadi) por más de mil millones de dólares, 11 favorecen a empresas petroleras o mineras.
Esta amenaza latente y el efecto disuasorio, o “efecto congelador”, hacen ver con temor que las buenas intenciones de reducir las emisiones de carbono para enfrentar el cambio climático mediante medidas regulatorias que afecten las ganancias de las industrias contaminantes pueden enfrentar demandas multimillonarias para poner la economía de muchos países en jaque, y justo en tiempos de pandemia.
En el contexto de las discusiones gubernamentales y no gubernamentales sobre cómo enfrentar el cambio climático es urgente comenzar un proceso de desmantelamiento de los derechos y privilegios corporativos enraizados en más de 2 mil 600 TBI y TLC, como algunos países han emprendido. Y también pensar en patrones de consumo, modos de transporte y obtención de energía que no impliquen el aumento de la minería destructiva y violadora de los derechos humanos.
*Investigador del Institute for Policy Studies
Twitter: @ManuelPerezIPS
Fuente: La Jornada
