Por: Leonel Herrera*
La historia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), durante el tiempo que lleva el actual gobierno, es la “crónica de una muerte anunciada”. En menos de dos años, la institución garante del derecho de información pasó a ser un ente pasivo, omiso, opaco y claramente alineado a los intereses de Casa Presidencial, gracias a la configuración de una “mayoría oficialista” integrada por los comisionados Ricardo Gómez, Luis Suárez y Roxana Soriano.
El IAIP es la instancia responsable de asegurar la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Sus atribuciones y forma de integración están establecidas en el Capítulo II, del artículo 51 al 60, de dicha ley que está próxima a cumplir diez años, tras su aprobación en diciembre de 2010 y su entrada en vigencia en mayo de 2011.
Sus funciones más relevantes tienen que ver con conocer y resolver recursos de apelación, realizar procedimientos sancionatorios, dictar medidas cautelares y resolver controversias sobre clasificación de información. También establecer lineamientos para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales y de la información pública, confidencial y reservada en posesión de las entidades estatales. Además, evaluar el desempeño de los entes obligados sobre el cumplimiento de la ley y promover la transparencia, la probidad y la rendición de cuentas.
A pesar de que ganó las elecciones con un discurso anticorrupción y pro-transparencia, ya como presidente, Nayib Bukele ha ido en sentido contrario: restringió el acceso a información en las entidades del Ejecutivo, reformó el Reglamento de la LAIP y cambió la correlación en el IAIP nombrando comisionados afines a su gobierno, acción que fue fundamental y decisiva para el desempeño actual del Instituto.
Esto comenzó el 12 de agosto de 2020 cuando Bukele nombró al comisionado Ricardo Gómez y lo designó presidente del IAIP. Este ex procurador adjunto de la PDDH durante la gestión de Raquel Caballero fue propuesto por las universidades y pronto se mostró genuflexo a los designios de CAPRES, sobre todo con su silencio ante las reformas al Reglamento aprobadas poco después de su elección, el 8 de septiembre.
Casi un mes después del nombramiento de Gómez, el 10 de septiembre de 2020, el presidente nombró a Luis Suárez como comisionado por el gremio periodístico. Suárez no es periodista, trabajaba en la SIGET hasta dos meses antes de su elección y su designación fue gravemente irregular, principalmente porque se violentaron disposiciones legales y se excluyó a Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la gremial periodística más importante y representativa del país.
Finalmente, el 2 de diciembre de 2020, Bukele nombró a Roxana Soriano en representación de las asociaciones profesionales. La nueva comisionada fue precandidata a diputada de San Salvador por el partido Nuevas Ideas, dirige una ONG afín al gobierno que publica comunicados contra medios independientes y fue propuesta por un asociación de abogados presidida por un empleado de la secretaría jurídica de la Presidencia. Con esta última designación, Bukele puso a su favor la correlación: con tres de cinco comisionados. Y con esta “mayoría oficialista” el Instituto ha cambiado criterios para resolver, cerró el acceso a los debates de sus reuniones, no publica informes de evaluación del cumplimiento de la LAIP por las instituciones obligadas, retrasa injustificadamente audiencias y no se pronuncia sobre la veda de información sobre la pandemia, el proceso de vacunación y el uso de fondos públicos para la emergencia sanitaria.
Por eso, la destitución de la comisionada Lidivina Escobar es innecesaria; pero el presidente Bukele no quiere críticas, no tolera disidencias y no acepta que los funcionarios públicos cumplan su función de manera independiente. Eso explica el “inicio del proceso de remoción” de Escobar: ella no se sometió a los designios de CAPRES y ha denunciado la pérdida de independencia, institucionalidad y transparencia del IAIP.
Así que, por ahora, no queda más que “hacer un réquiem” por el IAIP y “decirle adiós” a la institución responsable por ley de asegurar el derecho ciudadano de acceso a la información pública. Ojalá más temprano que tarde la población sea conciente de este grave retroceso y tome cartas para hacer valer su derecho a la información, exigir transparencia a las instituciones y obligar a sus servidores a rendirle cuentas.
*Periodista. Director ejecutivo de ARPAS, miembro de la Mesa de Protección a Periodistas y de la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo).
