Por: María Josefina Arce
Organizaciones sociales y partidos de oposición habían alertado sobre el peligro para la democracia en El Salvador de las declaraciones y acciones del presidente Nayib Bukele.
Lamentablemente los temores se han cumplido; el mandatario tiene ahora el control de los tres poderes del estado y gobernará sin ningún tipo de freno.
Y es que a pocas horas de haber tomado posesión, la nueva Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, partido de Bukele, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quienes mantenían un abierto enfrentamiento con el presidente por emitir veredictos contrarios a sus deseos.
Esa fue la primera acción del Congreso, que poco después también aprobaría la remoción del Fiscal General Raúl Melara, a quien vinculan con el opositor ARENA, Alianza Republicana Nacionalista, una acusación desmentida en reiteradas ocasiones por el funcionario.
Por supuesto que la medida fue aplaudida por Bukele que ahora tiene en sus manos el poder ejecutivo, judicial y legislativo, del que se hizo en los comicios parlamentarios y municipales del pasado 28 de febrero, al resultar ganador Nuevas Ideas.
De ruptura del orden constitucional y un golpe de estado técnico ha sido calificada la medida del órgano legislativo que, sin dudas, crea una compleja y grave situación en la nación centroamericana.
El secretario general del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, Oscar Ortiz, afirmó que con la decisión de la Asamblea Nacional el presidente Bukele consuma un claro golpe a la democracia.
Lo cierto es que ahora hay un desequilibrio en los poderes, nada impedirá a Bukele gobernar a su antojo y llevar adelante acciones arbitrarias e ilegales.
De hecho organizaciones internacionales señalaron que desmantelar por decreto la Corte Suprema deja sin protección a la ciudadanía y rompe de golpe el necesario control interinstitucional entre los tres poderes del estado.
Desde que asumió la presidencia en junio de 2019 ha sido cuestionada la postura autoritaria de Bukele, que no dudó en febrero de 2020 militarizar el Congreso, hecho calificado por la oposición como un intento de golpe de estado.
Con este proceder buscaba el mandatario presionar para la aprobación de la financiación de su plan de seguridad, que incluye una fuerte presencia del ejército y la policía en zonas controladas por las pandillas.
Su postura ante la COVID 19 le ha valido igualmente numerosas críticas. Incluso la anterior Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió el pasado año varias resoluciones que declaraban improcedentes algunas de las disposiciones de Bukele porque atentaban contra las prerrogativas ciudadanas.
Al parecer, como señalan muchos, al presidente no le gusta dialogar, no escucha y siempre quiere hacer su voluntad, una amenaza para un país cuyos ciudadanos ya conocen de graves abusos y violaciones de los derechos humanos.
