La primera acción de la nueva Asamblea Legislativa ha sido un paso en falso. Las diputadas y diputados que dieron sus votos no tienen de otra que dar marcha atrás y quedar en ridículo, o protagonizar una nueva versión de golpe antidemocrático contra uno de los poderes del Estado. Para justificar el atentado contra el poder judicial, la Asamblea ha recurrido al artículo 186 de la Constitución, que afirma que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia “podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas, previamente establecidas por la ley”. Por sus declaraciones, da la impresión de que el presidente de la República y los diputados no entienden la Constitución.
Nayib Bukele dijo que la destitución de magistrados “por parte de la Asamblea es una facultad incontrovertible expresada claramente en el artículo 186 de la Constitución”. “Incontrovertible” significa, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, “que no admite duda ni disputa”, pero la misma Constitución establece que la destitución es controvertible, dado que admite disputa sobre lo que dice la ley en torno a causas específicas. Y para el caso que nos ocupa, no hay ley ni causas específicas consignadas como motivo de destitución. Se ha cometido, por tanto, una violación constitucional al debido proceso, claramente garantizado en el artículo 15 de la Carta Magna.
El presidente de la República no es abogado ni especialista en el tema, y por ello cabe entender su error de interpretación y conocimiento de la ley, pero el presidente de la Asamblea no tiene ninguna excusa. Él debía informar a sus colegas diputados si existe una ley de la República que establezca causas específicas de destitución de magistrados. Y si esa ley existiera, debía seguirla. Si no existe, tendría que impulsar tanto su redacción como su promulgación, aunque no podría aplicarla a los magistrados dada la no retroactividad de la ley. Pero la ignorancia o la mala voluntad tiene hoy más fuerza que la racionalidad que exige la Constitución y el derecho.
El presidente de la Asamblea, un abogado convertido en político, parece desconocer que en El Salvador no existe una ley vigente que establezca causales de destitución de magistrados, salvo al ser vencidos en juicio por la comisión de un delito grave. La Corte Interamericana de Justicia condenó recientemente al Estado salvadoreño por destituir arbitrariamente, hace ya algunos años, a Eduardo Colindres de su cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral. La razón de la Corte fue que lo destituyeron “sin que existiera un procedimiento previamente establecido”. Tampoco ahora hay procedimientos previamente establecidos. Lo que pretenden los diputados de Nuevas Ideas es, pues, semejante a lo que se hizo contra el magistrado Colindres.
El relator especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial ya ha advertido que toda destitución debe basarse en causas específicas previamente establecidas en la ley. Y ha condenado los pasos que el poder político está dando “para desmantelar y debilitar la independencia judicial”. También la OEA y diversas personalidades internacionales le han recordado al Gobierno y a la Asamblea Legislativa que no deben confundir la democracia con hacer lo que le dé la gana a la mayoría legislativa o al presidente de la República. Les recuerdan a ambas instituciones que ese modo de actuar conduce a la destrucción de la democracia. Porque la democracia está siempre sujeta a leyes y en este momento la Asamblea Legislativa actúa sin una ley que justifique sus propósitos.
En repetidas ocasiones durante Gobiernos pasados, la UCA ha llamado a que se cumpla uno de los deseos de los padres de la democracia: que gobiernen leyes, no personas. Más de dos siglos después, y precisamente en el año del bicentenario de la independencia, nuestra democracia está siendo golpeada por el personalismo y por liderazgos que aspiran a un poder absoluto, sin leyes que lo regulen y sin instituciones que puedan controlarlo.
EDITORIAL UCA.
