En el día de la seguridad social
¿Qué beneficios queremos, cuánto cuestan y quién los paga?
¿Qué pasa con la plataforma reivindicativa presentada al actual gobierno por una parte del movimiento sindical salvadoreño el pasado Uno de Mayo? Mucho del común que se presentó en las diferentes marchas y sus diferentes signos de intereses, estuvo centrado en la reforma previsional—es un tema transversal a los grupos laborales y no laborales—la diferencia estaría centrada en la visión en al menos dos aspectos:
1°) Cómo superar el problema de la cobertura, en tanto que se percibe una enorme injusticia que más del 85% de la fuerza laboral en diferentes sectores económicos dentro de la formalidad e informalidad, no tiene ni tendrá una pensión—su derecho humano de protección social en su adultez mayor es una total injusticia.
2°) La proyección actuarial para que un sistema de previsión social, tenga sostenibilidad y sea sustentable, es cada vez de una mayor complejidad—en tanto hay una enorme deuda previsional del Estado salvadoreño, que debe pagarse; y hay presiones fuertes por cambios en las variables paramétricas del sistema (edad, cotización, tiempo de servicio).
Hasta estas alturas del problema previsional, el sistema de cuentas individuales y administración privada, sigue sosteniendo que no ha fracasado en todo lo que prometió—lo que todos sabemos se traduce en la defensa de los intereses del capital corporativo involucrado en las AFP—no obstante, con la última reforma sep2017, se incorporó hacerlo como un sistema mixto, al incorporar la cuenta de garantía solidaria, que rompe con el objetivo inicial del SAP de ser un sistema sustitutivo. Lo que da pie a pensar que la salida al problema es de convertirlo en un sistema mixto de dos pilares contributivos obligatorios: a) el pilar público, que otorgue una pensión básica; y b) el pilar privado que otorgue una pensión complementaria.
También puede existir un pilar obligatorio: público y privado; y otro que sea un pilar contributivo voluntario como un complemento a la pensión que otorguen los dos sistemas.
En lo que todo el movimiento sindical, estamos de acuerdo es que la administración debe ser pública, la diferencia es que las experiencias del INPEP (bipartita) y del ISSS (tripartita), determina una correlación que no favorece los intereses de los dueños del fondo de pensión; y en esos casos se han tomado las decisiones del uso de los fondos por la mayoría gubernamental (INPEP) y el contubernio entre la parte gubernamental y el sector privado (ISSS).
El sistema actual de las AFP, se originó sin la representación de los trabajadores, y con la reforma se pasó de lo previsional a lo mercantil—donde las instituciones públicas Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda y la Superintendencia del Sistema Financiero son predominantes en la intervención de los fondos de pensión, donde la ley se encargó de abolir la representación laboral. Ello dejó al Ministerio de Trabajo fuera del tema previsional. Esto tiene que ver con el alto endeudamiento previsional que existe, además del pago de pensiones y obligaciones previsionales que corresponden al Estado su pago, a través de los impuestos.
El criterio de la OIT ha sido consistente en mantener que las cuentas individuales no se corresponden con los principios y el modelo de seguridad social establecido por las normas de la OIT y que solo pueden ofrecerse como un mecanismo de protección complementaria y que en ningún caso deben reemplazar los sistemas públicos de seguridad social. Esto nos lleva a lo que el Ministro de Trabajo ha estado expresando, que el gobierno se ha asesorado de personeros expertos en la materia de la OIT para apoyar una propuesta de ley previsional, sin embargo, se mantiene en total opacidad, y las lecturas legislativas que se vierten no dan señales que un tema así se vaya pasar a discusión; hay una serie de propuestas sindicales incorporadas en el anterior período y hasta existió una comisión ad hoc que tenía cierta apertura en el tema. El asunto hoy es que vaya a pasar una ley sin el conocimiento del movimiento sindical, y con la estrategia de hacerlo con dispensa de trámite, vaya a aprobarse una reforma que no sea de lo que la mayoría sindical está planteando.
Además, las comisiones legislativas están estructuradas, pero en una lógica que expresan en su narrativa que el pueblo les ha dado todo el poder para que decidan por aquel, se hagan debates cerrados y luego se vayan al plenario sin establecer una correlación de participación de los representantes sindicales.
Para entender mejor las diferencias son un sistema “público” de pensiones se caracteriza por prestación definida (establecida por la ley), financiamiento por reparto (o fondo colectivo parcial) y administración pública, mientras que un sistema “privado” es tipificado por contribución definida (se asume que no cambia en el tiempo), capitalización plena en cuentas individuales y administración privada. La cuenta de garantía solidaria es un fondo de reparto y por ello se dice que ya no es puro, es mixto.
El problema en todo este debate es que la educación previsional a diferentes niveles es muy pobre, y cuando el debate se traslada a basar la reforma que sea en estudios actuariales, igual se vuelve más complejo, la reforma previsional del 2017, mandó a estructurar dos comisiones que se encargarían de las inversiones y la rentabilidad de los fondos y de las bases actuariales del sistema—ni una ni otra han funcionado—y pareciera no haber interés en que estas funcionen. En el caso de los sindicatos se propuso a un profesional, que una vez electo ya no se tuvo información alguna, ni tampoco hay mecanismos para que esta persona tenga obligación de brindar informes periódicos al grupo sindical al que se debe y para quienes lo eligieron.
El debate previsional tiene aspectos que son abordados con poca transparencia, denotan cierto contubernio, como lo relativo a que el Banco Mundial, apoyó siempre las propuestas privatizadoras, ahora andan merodeando y hablando con el gobierno de un préstamo para financiar algunos déficit, puede que el tema previsional esté ya comprometido con su financiamiento lo que lleva a condicionamientos, que al final no den cabida a la propuesta de los trabajadores, como es la creación de un instituto previsional autónomo, independiente y público que administre los fondos de pensiones en un sistema de reparto, en beneficio de la persona trabajadora. En esto los voceros de las AFP y contra los intereses bukelistas, afirman que una institución así va apropiarse de los fondos de pensión para cubrir otras necesidades, similar al ataque que se tuvo cuando el ex ministro Cáceres, intentó implementar un sistema mixto.
Esta corriente lo que ha hecho es preservar el control privado de los fondos, y deslegitimar al sistema público, que lo fueron cerrando o reduciendo. Todos sabemos que los sistemas públicos funcionan y se mantienen con reformas paramétricas, pero con cambios para hacerlo más sostenible financiera y actuarialmente, por ejemplo, aumentando la edad de retiro, cambiando la fórmula de cálculo de la pensión, ajustando las prestaciones o una combinación de esas medidas.
Mucho del error acumulado está en que el grueso de trabajadores, no logran comprender las variantes, y los esfuerzos de soluciones financieras y actuariales, entre los aspectos polémicos además de otros aspectos son:
a) El aumento de las edades, desde la reforma en 1996, la polémica se centró no en que convenía tener un sistema privado (substitución del sistema público), dado que la mayoría de cotizantes fueron persuadidos de apoyar la administración privada y romper con la solidaridad generacional y salarial. El magisterio se opuso férreamente al aumento de edades mayores a 55 y 60 años.
b) Pero el resultado fue fatal en cuanto aumentar de 15 años a 25 años el tiempo de servicio mínimo; y
c) Además, se aumentó el nivel de la cotización, siendo por hoy una de las más altas de los países que hicieron reformas (15%).
Finalmente se dice que lo prioritario para el movimiento sindical, es aumentar los montos de pensión (disponer de un beneficio definido y tasa de reemplazo alta de hasta un 80% o más del salario, una pensión que manifieste equidad de género para hombres y mujeres y que tenga un carácter de vitalicia. De lo que se trata es de conocer con precisión qué beneficios queremos—aumentar los montos de pensión a una tasa de reemplazo alta—lo que debe combinarse con lo financiero, que es si la entidad previsional pública pueda disponer de los diferentes recursos y la rentabilidad del fondo de reparto para cubrir esos montos. Y que ello implica que saldrá de los cotizantes, sin embargo, aumentar más la tasa de cotización, actualmente en 15% del salario, incrementarla en cuánto y durante cuánto tiempo para sostener financiera y actuarialmente las pensiones.
Pero, la mayoría de personas trabajadoras está fuera del sistema y en mucho los que hoy están dentro, el 85% no tendrá pensión y se le devolverá su ahorro, provocando para el país, en un largo plazo (20 años) una población adulta mayor con graves problemas de subsistencia. Eso estaría implicando implementar un pilar no contributivo que cubra a aquellas personas que no alcanzan a cubrir una canasta alimenticia y complementaria, Además, es importante generar mecanismos que lleven que el sector laboral en formas laborales como por cuenta propia, negocios familiares, micro empresas, oficinas de profesionales, cooperativas agrícolas, de comercio, crédito y consumo y otras asociaciones sociales que pudieran cotizar al sistema previsional. Esta cotización como mono tributo, tendrá otros requisitos de pensionamiento, pero aumentará la cobertura.
Implicando que el sistema se sostendrá a partir de cotizaciones y aportaciones del empleador, del trabajador, mono tributos y de los impuestos recaudados por el Estado. De esa manera se va financiar; también es importante para evitar que el sistema previsional distorsione su finalidad—como es ahora la entrega del 25% del capital ahorrado—sino buscar lógicas financieras como fideicomisos para aperturar un banco de los trabajadores según lo contempla el art.46 Constitucional, de tal manera que se dispongan de mecanismos financieros para cubrir con base a préstamos personales las necesidades de las personas trabajadoras cotizantes al sistema.
Importante sostener que la representación laboral para disponer de una real autonomía debe estar representada mayoritariamente por todas las expresiones laborales y con los perfiles técnicos que lleven la profesionalidad, experiencia y capacidades a la institución previsional y para la institución bancaria. El que también puede ser el recolector del mono tributo o de cuotas previsionales fijadas como voluntarias o de acuerdo a lo convenido.
UNIDAD, PROGRESO Y LUCHA
14 DE MAYO DE 2021
