En medio de la crisis colombiana, el obispo de Quibdó se solidariza con quienes lloran a sus muertos, heridos y desaparecidos; y pide acceso a educación, salud y trabajo.
El prelado rechaza toda forma de violencia durante las protestas, pero no pasa por alto la necesidad de investigaciones sobre hechos que involucran particularmente a agentes del Estado.
Según Barreto, la poca disponibilidad al diálogo del Gobierno, así como la estigmatización de la protesta social y el uso excesivo de la fuerza, han dificultado el camino de la concertación.
Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, jurisdicción eclesiástica ubicada en el Pacífico colombiano, se ha pronunciado sobre la crisis. Y lo ha hecho con contundencia, como lo piden por estos días sectores del catolicismo a sus líderes.
El prelado rechaza la represión contra el legítimo derecho a la protesta. Los muertos a manos de la fuerza pública suman más de 40, según organizaciones de la sociedad civil como Temblores ONG e Indepaz. Estas informan también que serían cerca de 500 los desaparecidos entre los manifestantes.
Según el prelado, la poca disponibilidad al diálogo por parte del Gobierno, así como la estigmatización de la protesta social y el uso excesivo de la fuerza, han dificultado el camino de la concertación. A su juicio, también es necesario realismo por parte del Comité Nacional del Paro, que esta semana se reunió con el presidente.
En opinión de Barreto, la juventud también debe ser escuchada. Educación, salud y trabajo son parte de las exigencias que miles de jóvenes a lo largo y ancho del país le formulan al Ejecutivo, en oposición a medidas económicas frente a la pandemia planteadas por este, que, a juicio de los manifestantes, podrían profundizar la inequidad en un país con 42% de su población sumida en la pobreza.
La situación social es particularmente grave en el departamento de Chocó, donde está la sede del obispo. Al punto que la diócesis ha recomendado otras formas de protesta a quienes por estos días se reúnen en calles y otros espacios públicos. El sistema local de salud no soportaría en lo más mínimo una profundización de los contagios. El Hospital San Francisco de Asís de Quibdó es uno de las instituciones con más falencias en todo el país. Símbolo de la marginación a la que está expuesta la población civil en una región con altos índices de desempleo y de violencia, expuesta a la corrupción y sometida a dinámicas de guerra que se alimentan del extractivismo y del despojo.
Los muertos a manos de la fuerza pública suman más de 40, según organizaciones de la sociedad civil como Temblores ONG e Indepaz. Estas informan también que serían cerca de 500 los desaparecidos entre los manifestantes
“La muerte también llega disfrazada de oportunidades negadas en los campos de la educación, la salud, el trabajo y la paz”, ha dicho el prelado, con la vista puesta especialmente en lo que se le niega a la gente en el Chocó, un departamento en el que, tal y como ocurre en todo el literal Pacífico, los jóvenes están expuestos a ser reclutados por mafias que dominan los negocios la minería ilegal y de la producción y tráfico de cocaína, mientras se disputan los territorios de los pueblos étnicos.
Hace años la diócesis le ha exigido al Gobierno y a la guerrilla del ELN avanzar en caminos de negociación para poner fin al conflicto armado. Chocó es uno de los lugares de Colombia donde esta guerrilla atesora mayor influencia. Por eso la Iglesia local, junto a organizaciones de la sociedad civil, clama por un Acuerdo Humanitario Ya, entre cuyos componentes está el deber de poner fin a la connivencia entre sectores de la fuerza pública y agrupaciones paramilitares. Dicho acuerdo es una de las peticiones que por estos días reitera monseñor Barreto. Otra solicitud tiene que ver con la protección de la principal arteria fluvial de la región, el río Atrato, víctima de la voracidad de empresas mineras, legales e ilegales, convertido, además, en corredor para el narcotráfico.
Pero hay un acuerdo en particular en cuyo cumplimiento insiste el prelado: el acuerdo de paz suscrito en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC. Dicho pacto incluyó un capítulo étnico, fruto de las luchas sociales de indígenas y afrodescendientes, pero pasados cinco años su implementación sigue siendo nula. Razón de más para que la Iglesia católica, particularmente unida a las causas populares en el Pacífico colombiano, le exija al actual Gobierno hacerse cargo de los compromisos contraídos por parte del Estado para corregir el abandono al que ha sometido históricamente la República a esta región y otras regiones del país.
Suspender los bloqueos y abrir corredores humanitarios
Barreto no niega que detrás de los conflictos sociales que perviven en Colombia hay una suerte de violencia estructural, pero llama a evitar “acciones extremas e intransigentes” que, a su juicio, terminan desgastando la protesta social. “Invitamos a suspender los bloqueos y a abrir corredores humanitarios”, manifestó la diócesis de Quibdó recientemente, a través de un comunicado firmado por el prelado. Este ha evitado los lugares comunes que en boca de sectores políticos y religiosos abstraen la violencia, sin tipificarla. Rechaza las expresiones de violencia que se manifiestan entre la sociedad civil y atentan contra el bien común; pero también insiste, el obispo, en la necesidad de que los organismos de control investiguen los numerosos hechos de sangre que se han multiplicado en medio de las movilizaciones a partir del 28 de abril y que responsabilizan particularmente a agentes del Estado y hacen pensar en intereses ocultos detrás de hechos todavía confusos.
“Nos solidarizamos con el dolor de todas las familias que lloran a sus muertos, sus heridos y sus desaparecidos”, ha declarado el eclesiástico. Las suyas son palabras necesarias en un hora que reclama empatía y disposición para avanzar en la búsqueda de soluciones a la crisis.
