La mayoría de argumentos para defender la cuestionada actuación del Gobierno terminan en un sonsonete: “El pueblo lo quiere”. En una ocasión, cuando se calificó de populista al estilo del presidente, se le pretendió defender recurriendo a Ernesto Laclau, quien sostiene que el populismo es una respuesta política —no necesariamente negativa— ante demandas insatisfechas; una respuesta que divide a la sociedad entre los que quieren ver resueltas esas demandas (“nosotros”) y quienes ya las tienen satisfechas y son privilegiados (“ellos”). Por otra parte, ante el autoritarismo característico de Nayib Bukele, sus apologistas argumentan que la institucionalidad y el ordenamientos jurídico fueron construidos en el país para defender a los poderosos y mantener la situación de injusticia y desigualdad que mantiene postrada a la mayoría de la población. De lo que se trata, entonces, es de demoler lo construido y levantar un nuevo El Salvador. En palabras del presidente, hay que “limpiar la casa”.
Según esta lógica, el de Bukele es un populismo bueno porque así lo quiere el pueblo; puede transgredir la Constitución y el Estado de derecho porque no hace nada más que lo que el pueblo quiere. Incluso algunos afirman que el pueblo lleva el control de este proceso histórico y que el mandatario solo es un instrumento de esa voluntad popular. En resumen, “El fin justifica los medios”: con vistas a construir un nuevo El Salvador, con equidad, con justicia, con trabajo, salud y educación universales, todo se vale. Si bien es claro que el Estado ha operado para beneficio de cúpulas poderosas, ello no justifica cerrar los ojos a lo que está sucediendo e ignorar que lo que se está construyendo no es lo que demanda o espera la gente.
La actuación del Gobierno está crudamente orientada a tapar todos los señalamientos de corrupción. Hay más de lo mismo de siempre, pero con mayor descaro. Ya se desmanteló el Instituto de Acceso a la Información Pública y se ha reservado toda la información sobre los gastos durante la pandemia. Es este el Gobierno menos transparente desde la firma de los Acuerdos de Paz. ¿Cerrar los ojos a la corrupción es una exigencia del proceso histórico salvadoreño? ¿En qué beneficia a los ciudadanos la llamada Ley Alabí, aprobada para proteger a los que ya cometieron o cometerán actos de corrupción amparados en la satisfacción de las necesidades de la población? ¿Se votó en las urnas por la construcción de un país sin libertad de pensamiento, de expresión y de prensa, en el que se acosa a todo el discrepa de la historia oficial? Si el Estado de derecho ha sido manoseado en el pasado, ¿esto da licencia para construir otro en el que la cima del ordenamiento jurídico sea la voluntad de una persona? ¿Ese es el nuevo Estado de derecho que quiere y necesita la población?
EDITORIAL UCA
