En el marco del ajuste fiscal que se discute en El Salvador para firmar un acuerdo con el FMI, las autoridades locales pretenden aplicar los cobros del IVA, ISR y otros impuestos específicos a las empresas que vendan sus productos y servicios en línea.
A inicios de marzo el Ministerio de Hacienda informó que El Salvador está en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un financiamiento por unos $1.300 millones.
El objetivo de acceder a este préstamo es apalancar las brechas presupuestarias de los años 2021, 2022 y 2023, informaron las autoridades semanas atrás.
En este contexto de necesidad de financiamiento, el Gobierno analiza posibles medidas dentro del ajuste fiscal, entre las que destaca el cobro de impuestos a las transacciones en el entorno digital.
Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, dijo que el Gobierno salvadoreño «… continúa buscando ‘puntos donde ha habido evasión fiscal en el pasado’, y cerrar las brechas para mejorar la recaudación de impuestos«.
Según Zelaya «… más que grabarlo (el comercio electrónico) es aplicar lo que ya existe (…) Ellos están obligados a pagar IVA, impuesto sobre la renta, a pagar impuestos específicos como lo hacen todos los demás«.
El Ministerio de Hacienda también propuso al FMI reactivar el cobro de precios de transferencia, un impuesto declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2014.
