Por: Roberto Morejón.
La brutal respuesta gubernamental a protestas y movilizaciones en Colombia ayudó a revelar ante el mundo un país militarizado, con uniformados y sicarios. Organizaciones defensoras de los derechos humanos hablan de entre cerca de 50 personas muertas y miles heridas, fundamentalmente por los desmanes cometidos por la policía y bandas en las sombras.
Como el gobierno considera a cualquier discrepante de sus ideas un vándalo o terrorista, el temido escuadrón antidisturbios ESMAD tiene luz verde para la intimidación y el exterminio. Las redes sociales acogen numerosas muestras de crueldad de la policía, un instrumento del Ministerio de Defensa, por lo que los colombianos la consideran una estructura militar.
A su cargo y al de los grupos paramilitares corren desapariciones, torturas y hasta la creación de fosas comunes. Entre el 28 de abril y el 18 de mayo, el Mecanismo de Búsqueda Urgente en Colombia asentó 548 personas presuntamente desaparecidas, de las cuales 261 fueron localizadas y del resto nadie sabe.
Varias entidades publicaron un informe con denuncias de lugares utilizados para detenciones, torturas y hasta desapariciones de manifestantes en Cali, una de las ciudades más conmocionadas. Cali No es la única donde anida el extremismo, extendido a Buenaventura, la principal salida hacia el Pacífico, donde se mueven 40 por ciento del comercio nacional y una parte de la cocaína enviada hacia Centroamérica.
En Buenaventura, mayoritariamente poblada con afrodescendientes, se han documentado en 2021 de manera oficial 44 homicidios, 8 000 desplazados y 13 desapariciones forzosas. Ante la ola de terror en Colombia, la comunidad internacional llamó a la investigación rápida e imparcial, pero el gobierno e instancias de justicia a su servicio actúan como si todo fuera obra de los terroristas, manipulados por líderes opositores o desde el exterior.
Como si una sola persona pudiera movilizar a decenas de miles de colombianos durante tantas semanas en medio de aparatosas refriegas. Al igual que el presidente Iván Duque y su mentor Álvaro Uribe desconocieron y boicotearon el acuerdo de paz con las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ellos prefieren hoy ignorar las justas demandas de sus compatriotas, entre ellas la del cese de los apremios físicos.
Porque como afirma la cantante colombiana Adriana Lucía, “este es un país que no escucha”.
