A dos años del Gobierno de Nayib Bukele, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, publicó un informe en el que analiza el estado de los Derechos Humanos en El Salvador ante la pandemia, la situación de la pobreza, la omisión gubernamental para el aumento al salario mínimo, el cierre de espacios de participación, señalamientos por indicios de actos de corrupción, la violencia homicida y personas desaparecidas, el insuperable problema penitenciario, el golpe a la institucionalidad democrática, ataques a la libertad de prensa y libertad de expresión.
En cuanto a la concentración del poder y rompimiento del régimen democrático, FESPAD afirma que uno de los cambios sensibles ante la supresión de las secretarías dentro del Ejecutivo en 2019, fue la regresión en materia de acceso a información pública. Poco a poco se fue desmontando la infraestructura institucional e instrumental que garantizaba el acceso a información por parte de la población, como el Instituto de Acceso a la Información Pública, afirma FESPAD.
La destitución de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como la del Fiscal General de la República; y el consecuente nombramiento exprés de sus sustitutos proveyó al Órgano Ejecutivo -salvadas algunas excepciones personales que están dando signos de independencia- prácticamente todo el control de los tres órganos del Estado, de la Fiscalía General de la República y del IAIP. A lo que se suma la incondicional sumisión del ejército y de la Policía Nacional Civil, al presidente de la República, y no a la Constitución como debería ser, según el informe de FESPAD.
En menos de un mes, es decir desde el 1 de mayo de 2021, esa situación ha permitido el establecimiento de escenarios impensados como la aprobación desde la Asamblea Legislativa de autorización al Órgano Ejecutivo para que contraiga deuda a través de préstamos en cantidades que superan toda la deuda adquirida solo en el año 2020. O que se aprobara la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de COVID-19, la cual presenta serios vicios de inconstitucionalidad y brinda inmunidad a los funcionarios.
Igualmente, la Asamblea Legislativa ha enviado a archivo una serie de propuestas de ley trabajadas en su mayoría desde sociedad civil, las cuales se han descartado por haber sido presentadas a la legislatura anterior, señala FESPAD.
El informe concluye afirmando que en estos primeros dos años de administración de gobierno hay una sensible regresión en materia de goce de derechos humanos. Por primera vez desde la firma de los Acuerdos de Paz el núcleo de derechos fundamentales se ha visto bajo riesgo y amenaza.
En las condiciones de correlación institucional actual, de concentración de poder, el gobierno tiene la oportunidad de provocar los cambios estructurales necesarios para eliminar los problemas históricos y mejorar la situación del país; no obstante, en estos primeros dos años no hay ni un solo cambio que indique que el camino a seguir sea ese. Pendiente está la reforma a la política de recaudación fiscal, el sistema privado de pensiones, el sistema público de salud, el tema agua y medio ambiente, entre otros, enfatiza FESPAD.
Además, recuerda que la esperanza que un alto porcentaje de salvadoreños ha depositado en el presidente de la República y en los diputados, no representa un cheque en blanco para tomar decisiones contrarias a la Constitución de la República y a las leyes.
