Por Mauricio Mejía.
La iniciativa del Fiscal General, Rodolfo Delgado, impuesto el uno de mayo, de dar por finalizado el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) constituida como una promesa de campaña del presidente Bukele, no debe sorprendernos, en tanto, a pesar del limitado espacio para la realización del trabajo de dicha Comisión, en menos de un año había presentado al Fiscal, anterior Raúl Melara, al menos una docena de casos de corrupción que implican a funcionarios del actual gobierno.
Frente al destape de estos casos y el anuncio de los Estados Unidos de asignar dos millones de dólares para un trabajo más independiente, con funciones de querellante a dicha Comisión, es normal que se la pararán los pelos al gobierno, quien con el control del órgano legislativo no dudó en destituir a Melara, como primer paso para impedir la Judicialización de los casos presentados por la CICIES.
El segundo paso todos lo conocemos, fue la aprobación de la “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de COVID-19″ que se aplicará con efecto retroactivo, a pesar de estar prohibido por la Constitución, para blindar a quienes durante la pandemia realizaron transacciones irregulares con fondos públicos, lo cual significa la legalización de la impunidad en los actos de corrupción, incluidos los denunciados por la CICIES.
Sólo quedaba quitar del camino a la CICIES, que como ha pasado en otros países, al realizar un trabajo independiente, terminaba poniéndole el dedo a quienes detentaban el poder y lo ejercieron para aprovecharse de los recursos del Estado; por ello ni lento ni perezoso, apelando a una falsa dignidad, el Fiscal utiliza el nombramiento de Ernesto Muyshondt, como asesor de la OEA para promover la finalización del convenio con la CICIES, alegando que no puede recibir asistencia técnica de un organismo que tiene como asesor a alguien acusado de negociar con las pandillas.
En nuestro horizonte visualizamos que en efecto el Secretario General de la OEA al nombrar como asesor a un político que tiene un proceso judicial abierto en El Salvador, ha cometido un error, al menos de apreciación; extraño movimiento que no sabemos si es compadre hablado con un determinado fin; por ello consideramos que lo ético y correcto para el combate de la corrupción y la impunidad en El Salvador, hubiese sido que el señor Fiscal concentrara su indignación en una impugnación de dicho nombramiento, en vez de romper con la CICIES; no obstante, lo que está claro es que dicho nombramiento le cae como anillo en trompa de cuche, para justificar la supresión de una CICIES, que no obstante ser una promesa de campaña, se había convertido en un boomerang político, para el gobierno que la propuso.
