La lucha contra la corrupción fue una de las promesas de campaña del actual presidente de la República, quien prometió la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES), tras ganar, a pulso de una estrategia comunicacional, cumplió su promesa de manera apresurada, manifiesta el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Saúl Baños.
Luego se dio una discusión sobre la inconstitucionalidad de la CICIES, la fuerza que ésta iba a tener, el carácter vinculante de la independencia y también el posible conflicto -que podría tener- con el mandato constitucional de la Fiscalía General de la República.
El 26 de noviembre de 2019 se estableció la CICIES sobre la base de un convenio bastante débil, entre la Fiscalía General de la República y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Baños indica que, al pasar más de un año, la CICIES fue cuestionada porque no se veía su trabajo, pero después puso avisos en casos registrados durante la pandemia COVID-19.
“Luego de transcurrido el año, se conoció de 12 avisos que la comisión puso a conocimiento de la Fiscalía General de la República por acto de corrupción, ocurrido durante la gestión de la pandemia en 2020. Es relevante decir que estos casos fueron presentados a principios de abril de 2021 ante el Fiscal, que fue depuesto del cargo por un proceso bastante cuestionado, realizado por la Asamblea Legislativa el 1 de Mayo de este año; decir que tuvo muy poco tiempo para para activar la posible investigación ante esa información presentada por la CICIES”, dijo Baños.
FESPAD manifiesta que tras ser nombrado el actual fiscal general de la República, una semana después, señaló que revisaría el convenio firmado con la CICIES-OEA.
Saúl Baños indica que parece no haber sido revisado de manera efectiva y luego dio por finalizado el convenio.
“Por lo tanto se rompe y se da una imposibilidad de que la CICIES siga colaborando en la lucha contra la corrupción en El Salvador y es probable que esos 12 casos identificados queden sin investigación y en total impunidad”, según Saúl Baños.
El director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro, lamentó que el Gobierno central haya puesto fin a un convenio entre la CICIES y la OEA.
Indica que el Gobierno debió pensar en fortalecer la CICIES e involucrarse con otras instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas.
Sin embargo, Montenegro señala que dejó claro el debilitamiento de la transparencia y la democracia.
“Lo que está haciendo este Gobierno es alejándose precisamente de esa transparencia, que se profundicen aún más los señalamientos porque hay funcionarios y el Gobierno central ha demostrado un mal uso de los fondos del Estado y endeudamiento que sinceramente nos preocupa enormemente. La política que en estos momentos está jugando este Gobierno creo que es una política equivocada, en cuanto a la transparencia, en cuanto al debilitamiento de la democracia en nuestro país y eso preocupa enormemente no solamente al pueblo salvadoreño sino a la comunidad internacional”, explicó Montenegro.
Las organizaciones de la sociedad civil consideran incomprensible y errónea la decisión del secretario general de la OEA de anunciar el nombramiento del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, como asesor de ese organismo, situación que interpretan como una concesión de parte del secretario General a la Fiscalía General de la República para que esta pueda utilizarla como justificación para el rompimiento del convenio.
Sin embargo, las organizaciones manifiestan que las razones del rompimiento del convenio CICIES-OEA son porque ya había un antecedente del anuncio de revisión del convenio y también se conoce que han cambiado jefaturas al interior de la Fiscalía General de República, particularmente las jefaturas que estaban haciendo investigación de actos de corrupción.
